La maldición de Pozos Dulces

Pozos Dulces vuelve a escena como una maldición cíclica, como un Guadiana envenenado que reaparece para recordarnos, con la crudeza de lo evidente, que El Puerto arrastra desde hace 16 años uno de los mayores bochornos urbanos de su historia reciente. Un agujero físico y moral en la entrada de la ciudad. Un síntoma de dejadez, torpeza y mediocridad política que debería sonrojar a más de uno… pero que, increíblemente, sigue sin responsables.

Porque Pozos Dulces no es un proyecto fallido: es un monumento al disparate. Una obra fantasma que suma denuncias, imputaciones, escuchas ilegales, querellas, juicios y un reguero interminable de irresponsables buscando una espalda ajena donde colgar la mochila del desastre. Un ejemplo perfecto de cómo la política local, cuando se gestiona desde la desidia o la soberbia, no solo desperdicia oportunidades: fabrica problemas de dimensiones gigantescas y los perpetúa durante décadas.

La oposición solicita una comisión de investigación sobre el parking de Pozos Dulces

Lo que pudo ser una infraestructura necesaria se convirtió en un pozo negro donde se hundió la credibilidad de gobiernos enteros. Una bomba de relojería que hizo saltar por los aires un equipo de Gobierno, que fracturó mayorías, que quemó reputaciones y que dejó la entrada de la ciudad convertida en una postal indigna. Pozos Dulces ha sido el vampiro político de El Puerto: todo lo que toca, lo marchita.

Y no hablamos de un episodio menor. Hasta cuatro alcaldes —Moresco, Candón, De la Encina y Beardo— han tenido que cargar, cada uno a su manera, con un proyecto tóxico que nadie fue capaz de reconducir. Cuatro formas distintas de gobernar, un mismo fracaso monumental. Cada uno intentó patear el balón hacia adelante, esconder la basura debajo de la alfombra o estirar los plazos, pero el resultado siempre fue el mismo: más lío, más deuda, más vergüenza.

La herida sigue abierta. Y lo peor es que ya casi nadie recuerda cuál era el objetivo original. Lo único que queda es una cicatriz urbana imposible de ocultar, un expediente lleno de sombras y una ciudad harta de asistir al espectáculo dantesco de ver cómo un simple aparcamiento se ha convertido en una pesadilla interminable.

Hay casos que descalifican por sí solos. Proyectos que deberían inhabilitar —moralmente, si no políticamente— a quien los impulsó, a quien los sostuvo y a quien los perpetuó. Pozos Dulces pertenece a esa categoría. Es el recordatorio permanente de que El Puerto pagó —y sigue pagando— la incompetencia de quienes confundieron gobernar con improvisar.

Dieciséis años después, Pozos Dulces no es solo una obra sin terminar: es la prueba dolorosa de cómo convertir una oportunidad en un problema gigantesco. Y la ciudad, cansada de excusas, empieza a entender que la verdadera obra pendiente no es el aparcamiento… sino la renovación profunda de una forma de hacer política que ha demostrado, una vez más, que puede hundir todo lo que toca.