Tras el archivo definitivo de la querella presentada por la constructora Gyocivil contra cargos socialistas por el proyecto del parking de Pozos Dulces, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María han reclamado la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer el destino del proyecto, en el que el actual alcalde, Germán Beardo, habría invertido 10 millones de euros sin resultados.
Los partidos opositores subrayan que “ahora que la justicia ha confirmado quiénes no fueron responsables del fracaso de Pozos Dulces, es fundamental identificar a los responsables del fiasco”.
El proyecto se remonta a 2009, impulsado inicialmente por el entonces alcalde del PP, Enrique Moresco, y continuado durante los mandatos de Alfonso Candón (PP), David de la Encina (PSOE) y el propio Germán Beardo (PP). A lo largo de los años, el proyecto ha estado marcado por problemas estructurales, obstáculos administrativos, falta de transparencia y un elevado coste económico, convirtiéndose en un tema recurrente de polémica política y electoral.
Uno de los últimos episodios relacionados con Pozos Dulces fue la querella de Gyocivil contra cargos socialistas, entre ellos el ex alcalde David de la Encina, la ex consejera de Impulsa Silvia Valera y el ex consejero Francisco Lara, por presuntos delitos de prevaricación, administración desleal, fraude a la administración, apropiación indebida y malversación de fondos públicos durante el mandato 2015-2019. La denuncia llegó tras la adjudicación del Tanque de Tormentas en la avenida de Bajamar, otra obra de similares características cuya finalización aún no se ha producido, incumpliendo los plazos inicialmente previstos.
El juez encargado del caso dejó claro que los denunciados actuaron en todo momento en beneficio del interés general de la ciudad, descartando cualquier responsabilidad penal de los cargos socialistas. Con este fallo, la oposición insiste en que es el momento de clarificar qué sucedió realmente con Pozos Dulces, especialmente durante los periodos de gobierno del PP, desde 2009 a 2015 y de 2019 a 2022, cuando el proyecto fue finalmente abandonado tras 10 millones de euros invertidos.
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