VOX denuncia la pasividad del Gobierno local ante los procesos judiciales de Garay.
VOX El Puerto de Santa María ha manifestado su preocupación ante la nueva comparecencia judicial de un concejal del equipo de Gobierno, prevista para este próximo martes, en el marco de una investigación por presuntos delitos de prevaricación por omisión y negociaciones prohibidas.
Desde la formación señalan que este nuevo episodio judicial vuelve a situar al Ayuntamiento en el centro de la polémica, y consideran que la declaración del edil ante el juez “debe servir para arrojar luz sobre las sombras que desde hace meses rodean la gestión municipal”. En este sentido, VOX recuerda que decidió personarse como acusación particular en la causa, “ante la incomprensible decisión del propio Ayuntamiento de no actuar legalmente para defender los intereses de todos los portuenses”.
El caso gira en torno a la presunta cesión irregular del tren turístico durante el verano de 2023, que habría circulado sin contrato, sin autorización municipal y sin expediente administrativo. Según la investigación, el servicio fue operado por personas vinculadas a la cúpula de la Policía Local con el conocimiento del concejal delegado de Seguridad, que no adoptó ninguna medida para paralizarlo. A esta causa se suma su implicación en una pieza separada vinculada al denominado ‘caso Puerto III’, en la que también figura como investigado por presuntas irregularidades dentro del centro penitenciario.
VOX El Puerto sostiene que la gravedad de los hechos investigados exige una actuación contundente por parte de las instituciones y lamenta que el alcalde haya optado por blindar políticamente al edil en lugar de exigir explicaciones públicas. “No podemos normalizar que alguien con un salario público superior a los 63.000 euros anuales esté imputado en varias causas sin que el Gobierno local mueva un solo dedo”, señalan desde el partido.
A juicio de VOX, la pasividad del equipo de Gobierno “no solo erosiona la confianza de los portuenses, sino que demuestra una preocupante falta de voluntad para atajar las posibles irregularidades que afectan al funcionamiento de los bienes públicos”.
La formación reitera que su decisión de acudir a los tribunales responde al compromiso firme de “defender la legalidad, la transparencia y el interés general”, y avanza que continuará ejerciendo esa labor de vigilancia “ante cualquier intento de entorpecer la acción de la justicia o de tapar responsabilidades políticas”.
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