Puerto Sherry: ocio ilegal bajo decretos municipales.
Ecologistas en Acción ha remitido al alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, un extenso escrito en el que documenta, con datos y pruebas, “graves y reiteradas irregularidades legales” en la actividad de los establecimientos PhiPhi, Margarita y Blue, ubicados en Puerto Sherry. En el mismo comunicado, la organización advierte al primer edil de que su inacción ante estos hechos podría derivar en un presunto delito de prevaricación.
Según detalla el informe, los tres locales han recibido nuevamente este verano licencias municipales para desarrollar actividad hostelera con música, a pesar de que sus instalaciones incumplen las condiciones legales exigidas para este tipo de autorizaciones. En los decretos firmados el pasado 4 de abril por el propio alcalde, los establecimientos figuran como quioscos-bares desmontables, una categoría que prohíbe expresamente el uso de elementos fijos, como estructuras de obra, escenarios o torres de sonido.
Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que, en la práctica, estos locales operan como espacios permanentes y no desmontables, en contradicción directa con la normativa vigente y con lo especificado en los propios decretos municipales. Entre los elementos señalados se encuentran baños fijos, barras de mampostería, tarimas, escenarios y torres de sonido, lo que, según el colectivo, vulnera la legislación urbanística al ocupar suelos clasificados como viario en el Plan Especial del Puerto.
La organización va más allá y alerta de que la ocupación de suelo público con construcciones fijas podría constituir un presunto delito urbanístico, recogido en el artículo 319 del Código Penal. A ello se suma una posible responsabilidad penal por inacción administrativa, tipificada en el artículo 320, si el Ayuntamiento no actúa para frenar y sancionar estas infracciones.
Conciertos y DJs fuera de norma
Otra de las irregularidades denunciadas es la programación habitual de conciertos y sesiones de DJ en los tres locales, actividades expresamente excluidas en los decretos municipales, que sólo permiten música pregrabada en pequeño formato y sin equipos de alta potencia.
“La realidad dista mucho del contenido de los decretos firmados por el alcalde”, sostienen desde Ecologistas en Acción, que aporta documentación gráfica y audiovisual para sustentar sus afirmaciones. “No se trata de usos puntuales o excepcionales, sino de una actividad sistemática que se repite cada temporada con el beneplácito del Ayuntamiento”, añaden.
Exigen medidas inmediatas al alcalde
En el documento entregado al regidor, Ecologistas en Acción exige al equipo de Gobierno la revocación inmediata de las licencias otorgadas a PhiPhi, Margarita y Blue, al considerar que se sustentan en una “falsedad administrativa” al calificarlos como instalaciones provisionales cuando no lo son.
Además, solicita:
La anulación de las licencias de hostelería sin música, por vulnerar el ordenamiento urbanístico.
La apertura de expedientes disciplinarios a los tres establecimientos.
La imposición de sanciones económicas, en virtud del artículo 22 de la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
La investigación interna sobre la inacción de la Policía Local y de los departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento ante estas irregularidades.
Ecologistas en Acción recuerda que “el alcalde firmó personalmente los decretos que posibilitan esta actividad ilegal”, por lo que le atribuye una especial responsabilidad política e incluso jurídica. En este sentido, le advierte que la omisión de su deber de velar por la legalidad urbanística podría derivar en un delito de prevaricación administrativa, según lo establecido en los artículos 404 y 420 del Código Penal.
Una situación “gravísima” y prolongada en el tiempo
La organización subraya que no se trata de un hecho puntual ni aislado, sino de una situación continuada en el tiempo, que se ha repetido en anteriores temporadas estivales “con total impunidad”. Consideran que el Ayuntamiento ha actuado de forma deliberadamente permisiva y que existe una responsabilidad clara por parte de los servicios municipales, que no han hecho valer la normativa vigente.
“De seguir sin adoptarse medidas, el alcalde estaría asumiendo un riesgo legal evidente, no solo por la posible comisión de delitos, sino por la responsabilidad patrimonial que podría derivarse para el Ayuntamiento”, concluyen desde la organización.
Ecologistas en Acción se reserva el derecho de acudir a la vía judicial en caso de que no se adopten medidas de inmediato para frenar lo que califican como una vulneración sistemática de la legalidad urbanística, medioambiental y administrativa.
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