Contratos menores, robos mayores: Así se desangran los ayuntamientos

En democracia, la contratación pública debería ser sinónimo de transparencia, eficiencia y beneficio colectivo. Sin embargo, en El Puerto de Santa María, el uso reiterado y abusivo de los contratos menores por parte del Ayuntamiento ha convertido una herramienta legal en una vía de escape para prácticas opacas y clientelares.

Los contratos menores están pensados para gastos urgentes o de poca cuantía. Pero en nuestro municipio, se han convertido en el modus operandi preferido para fraccionar grandes contratos, esquivar licitaciones públicas y adjudicar a dedo a proveedores afines, muchas veces sin la más mínima competencia ni supervisión. ¿Resultado? Dinero público que no se gasta con eficiencia, ni mucho menos con equidad.

¿Cómo funciona la trampa? Muy simple:

Cuando un contrato supera el límite legal que obliga a convocar un concurso abierto, el Ayuntamiento lo trocea en varios contratos menores, simulando que son intervenciones separadas. Así, cada uno de ellos cae por debajo del umbral legal y puede adjudicarse directamente. Esta práctica no es una torpeza administrativa, es una estrategia: una forma de operar que, sin ser técnicamente ilegal, es moral y políticamente inaceptable.

Esta “legalidad corrupta” tiene consecuencias claras:

● Se impide que otras empresas locales puedan competir.

● Se crea una red de adjudicatarios recurrentes, donde siempre ganan los mismos.

● Se malgasta el dinero público, sin buscar las mejores ofertas o condiciones.

¿Quién se beneficia de todo esto? No es el ciudadano. Son los que manejan los hilos del poder municipal, los que deciden a qué empresa se le da el trabajo, cuánto se paga y sin necesidad de justificar por qué no se buscó una opción mejor. Y todo ello con el silencio de los mecanismos de control y la complicidad del sistema.

No se trata solo de una mala gestión. Se trata de una estrategia sistemática para desviar recursos públicos hacia intereses privados bajo la apariencia de legalidad.

Desde la oposición —y como ciudadanos responsables— exigimos una auditoría completa del uso de los contratos menores en El Puerto de Santa María. Queremos saber quiénes se han beneficiado, cuántas veces se ha repetido el fraccionamiento, y por qué se sigue usando esta fórmula cuando existen mecanismos más transparentes.

Porque cada contrato menor que se otorga sin control es una oportunidad perdida para mejorar los servicios públicos, generar empleo real y construir un municipio más justo.

La opacidad no puede seguir siendo la norma. La ciudadanía merece claridad, justicia y eficiencia. Y eso solo se consigue cuando el dinero público se gestiona con transpariencia.