La política del miedo se impone en El Puerto

Millán, relegado; Bello y Garay, premiados: la política del miedo se impone en El Puerto

Por Alejandro Delgado

La reciente reorganización del equipo de Gobierno en El Puerto de Santa María, decidida por el alcalde Germán Beardo, ha desatado una tormenta política. No solo por el contenido del nuevo reparto de áreas, sino por lo que implica en términos de modelo de gestión y estilo de liderazgo: un Ayuntamiento cada vez más condicionado por la fidelidad personal y cada vez menos guiado por la eficiencia o el interés general.

La política local portuense ha entrado en una nueva fase, dominada por lo que algunos en la oposición ya definen abiertamente como “la política del miedo”. Una estrategia de control interno que premia la obediencia ciega y castiga cualquier forma de disidencia, aunque sea moderada o técnica.

Un reparto que no convence

Pese a que desde el equipo de Gobierno se ha querido presentar la remodelación como una respuesta a “nuevos retos de gestión”, lo cierto es que el nuevo reparto de responsabilidades deja en manos de solo dos concejales —Javier Bello y Jesús Garay— más del 80% del aparato municipal. Ambos figuran entre los ediles más cercanos al alcalde y, desde hace meses, han ido acumulando poder de forma progresiva.

Para muchos, no se trata de un simple ajuste funcional, sino de un blindaje político. Una forma de asegurarse que las decisiones más sensibles del Ayuntamiento queden bajo el control de personas de plena confianza del regidor. El mensaje es claro: quien se alinea con Beardo, asciende; quien discrepa, desaparece.

El castigo a Millán Alegre

El caso más evidente de este nuevo equilibrio interno es el de Millán Alegre. Figura histórica del PP portuense y uno de los ediles con más recorrido político, ha sido relegado a una posición marginal, sin competencias relevantes ni capacidad presupuestaria. Su “falta” habría sido expresar reservas —algunas de ellas públicas— sobre decisiones como la polémica subida de sueldos del equipo de Gobierno. Una postura que, en el actual contexto, se ha interpretado como un gesto de deslealtad.

Su arrinconamiento ha sido leído en clave de advertencia: no se castiga el mal trabajo, se castiga la discrepancia. Y eso dibuja un escenario inquietante en términos democráticos. Porque cuando discrepar tiene coste, desaparece la deliberación política y se impone el monólogo del poder.

Más nombres, más señales

El caso de Alegre no es el único que apunta a esta lógica. Marta Rodríguez, por ejemplo, ha sido desplazada del área de Mantenimiento Urbano a Patrimonio tras el sonado fracaso de las obras en Bajamar. Silvia Gómez, por su parte, ha visto reducidas sus competencias a Igualdad, tras una sucesión de relevos y ceses que dejan entrever una estrategia de desactivación de perfiles incómodos.

No se trata, por tanto, de una cuestión de eficacia o rendimiento, sino de lealtad y obediencia. El resultado: un equipo de Gobierno cada vez más concentrado, menos plural y con menor margen para el debate interno.

¿Gestión pública o fidelidad privada?

Esta deriva plantea una pregunta de fondo: ¿está el Ayuntamiento de El Puerto al servicio de la ciudadanía o al servicio de un proyecto político personalista? La gestión pública no puede reducirse a un reparto de áreas como pago a la lealtad. Gobernar no es premiar ni castigar, es asumir responsabilidades, fomentar el talento, coordinar recursos y responder a los problemas reales de la ciudad.

Pero en El Puerto, hoy por hoy, los equilibrios políticos se han roto. Y lo que queda es una estructura de poder centrada en blindar al alcalde frente a cualquier tipo de crítica, interna o externa. Una estructura que responde más a una lógica de partido cerrado que a una cultura de Gobierno abierto.

Conclusión: un Ayuntamiento secuestrado

Lo que está ocurriendo en El Puerto no es solo un cambio de nombres o carteras. Es la consolidación de un modelo. Un modelo donde el liderazgo ya no se ejerce desde el consenso o la autoridad moral, sino desde el control férreo y la imposición. Un modelo que sacrifica la pluralidad y el debate en favor de la disciplina interna.

 Beardo no gobierna para El Puerto, gobierna para que no lo cuestionen. Ha construido un Ayuntamiento a su medida, donde sus fieles mandan y el resto calla.

Y si eso no cambia, lo que está en juego no es un gobierno municipal, sino la salud democrática de toda una ciudad.