El IVA sobre la Justicia: un impuesto al derecho fundamental de defensa

En una sociedad democrática, la justicia no es un servicio más; es la estructura que sostiene las libertades y garantiza que los derechos dejen de ser meras declaraciones en un papel para convertirse en realidades tangibles. Sin embargo, hemos permitido que el acceso a esta estructura fundamental se vea erosionado por una barrera fiscal, sigilosa pero devastadora: la aplicación de un 21% de IVA a los servicios de abogacía para personas físicas. Este impuesto, concebido para el consumo de bienes y servicios, se ha transformado en un peaje que grava el derecho a defenderse, un contrasentido inasumible que ha creado en la práctica una peligrosa justicia de dos velocidades.

El rostro de esta injusticia fiscal es el de ciudadanos comunes. Pensemos en una familia de clase trabajadora que ha invertido los ahorros de su vida en una vivienda entregada con graves vicios ocultos, o en un profesional autónomo a quien un cliente poderoso se niega a pagar una factura considerable. Su derecho es claro, pero el camino para reclamarlo se topa con un muro. El coste de un abogado, ya de por sí una inversión importante, se dispara con un 21% adicional que no pueden deducir. Para muchos, este sobrecoste no es una molestia, es una sentencia: la renuncia a sus derechos.

Esta barrera económica tiene una consecuencia directa y perversa: empuja a miles de ciudadanos que podrían costear una defensa privada sin el impuesto a sobrecargar el sistema de Justicia Gratuita. El Turno de Oficio, pilar esencial de nuestro Estado de Derecho y servido por profesionales de una vocación y resiliencia admirables, se ve así tensionado hasta el límite. Mal pagado, con recursos insuficientes y plazos imposibles, se ve forzado a absorber una demanda para la que no fue diseñado. Al final, el ciudadano pierde uno de los elementos más cruciales para su defensa: la libertad de elegir al profesional en cuya pericia y confianza quiere depositar su caso.

Más allá del drama humano y social, la propuesta de eximir de IVA estos servicios se sostiene sobre argumentos estratégicos de una lógica irrefutable.

En primer lugar, es una cuestión de principios constitucionales. El artículo 24 de nuestra Constitución consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué efectividad puede tener un derecho cuyo ejercicio práctico se ve obstaculizado por una barrera fiscal? Se vulnera, además, la "igualdad de armas". Pensemos en un particular que litiga contra una gran entidad bancaria, una aseguradora o una empresa de telecomunicaciones. La compañía, como persona jurídica, deduce el IVA de sus servicios legales como un gasto más de su actividad. El ciudadano, en cambio, lo soporta íntegramente de su bolsillo. La balanza de la justicia, ya de por sí inclinada por la diferencia de recursos, se desequilibra todavía más por un simple apunte fiscal.

En segundo lugar, y en contra de lo que una visión cortoplacista podría sugerir, la medida sería beneficiosa para las arcas públicas. Cada caso que un ciudadano puede llevar por la vía privada gracias a esta exención es un caso menos que el Estado debe financiar a través del Turno de Oficio. El ahorro que se genera en el gasto público de justicia gratuita es, con toda probabilidad, superior al ingreso que se dejaría de percibir por el IVA de ese asunto concreto. A esto se suma un efecto no menos importante: el afloramiento de la economía sumergida. Un tipo impositivo tan elevado es un incentivo para los acuerdos opacos. Su eliminación traería a la luz la totalidad de los honorarios, que pasarían a tributar íntegramente a través del IRPF de los profesionales, generando ingresos más transparentes y seguros para el Estado.

Finalmente, la exención actuaría como un catalizador para la competencia, la calidad y la dinamización económica. Un mercado de servicios legales más accesible fomenta una competencia real y sana. El ciudadano podría elegir a su abogado basándose en la especialización, la reputación y la confianza, no en una mera ecuación de supervivencia económica. Esta dinámica competitiva es el mayor incentivo para la mejora de la calidad de los servicios. Asimismo, un sistema legal que funciona de forma más ágil es un motor para la economía. Cuando las personas y las pequeñas empresas pueden resolver sus conflictos de forma eficiente —recuperando deudas, ejecutando contratos, obteniendo indemnizaciones—, ese capital se reintroduce en el circuito económico, generando consumo, inversión y, en definitiva, más actividad y riqueza.

La conclusión es clara. Esta reforma no es un regalo a un gremio ni un gasto inasumible. Es una inversión inteligente y estratégica en los cimientos de nuestra sociedad. Devuelve al ciudadano la capacidad de defender sus derechos en condiciones de mayor igualdad, fortalece la calidad y la competencia de la abogacía, alivia la carga de un heroico pero maltratado Turno de Oficio y, paradójicamente, optimiza las finanzas públicas. Es hora de dejar de tratar la justicia como un servicio de mercado y empezar a protegerla como lo que realmente es: el pilar fundamental sobre el que se sostiene todo lo demás.

 Joaquín Bernal Rodríguez es abogado.