¿Hijos de sus padres o siervos del Estado? La incoherente mordaza digital que viene

Entrar hoy en el cuarto de un hijo adolescente es, para muchos padres, asomarse a un abismo de incomprensión. Sin embargo, lo que el Gobierno acaba de poner sobre la mesa no es una cuerda para rescatarlos del vacío, sino una alambrada de espino custodiada por la administración pública. Bajo el lema infalible de la "protección del menor", esa coartada emocional que suele anular cualquier debate racional, se esconde una de las mayores incoherencias jurídicas de nuestra historia y, lo que es más grave, un asalto frontal a la intimidad de las familias. Nos dicen que un joven de quince años no tiene madurez para asomarse a una red social, pero ese mismo Estado, con una mano le quita el móvil y con la otra le ofrece las llaves de un mundo de responsabilidades adultas que hielan la sangre.   

La razón y el sentido común dictan que la madurez es un camino gradual, un aprendizaje del riesgo que se hace paso a paso, no un interruptor que se enciende por decreto al cumplir los dieciséis. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ha entrado en una fase de delirio legislativo que rompe cualquier lógica biológica. Hoy, en España, un chico de catorce años puede obtener una licencia de armas y salir al monte con una escopeta de caza bajo supervisión. A esa misma edad, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor lo considera plenamente capaz de entender que ha cometido un delito y, si el hecho es grave, lo encierra en un centro de internamiento, privándolo de libertad.

Con quince años, la Dirección General de Tráfico le permite obtener el permiso para conducir ciclomotores y mezclarse con el tráfico real, donde un error de juicio puede costar vidas. Es el despropósito absoluto: el Estado confía en un adolescente para empuñar un arma o manejar una máquina de quinientos kilos, pero lo declara legalmente incapaz de gestionar un perfil de Instagram o ver un vídeo en TikTok hasta que cumpla los dieciséis.   

Este paternalismo selectivo se vuelve especialmente doloroso cuando tocamos las decisiones más íntimas y trascendentales del ser humano. Según las leyes actuales, una joven de dieciséis años puede decidir, por sí misma y sin que sus padres tengan derecho siquiera a saberlo, interrumpir un embarazo o iniciar un proceso de cambio de sexo en el Registro Civil. Se le reconoce una soberanía casi absoluta sobre su propio cuerpo y su identidad futura, pero ese mismo legislador que la cree madura para tales abismos existenciales, le prohíbe por ley entrar en Twitter o Facebook.

¿Cómo le explicamos a una familia que su hija es adulta para entrar en un quirófano pero una niña para pulsar un teclado? Esta quiebra de la lógica no busca proteger al menor, sino sustituir la autoridad de los padres por la vigilancia de un Estado que quiere decidir, de forma uniforme y fría, qué es lo que nos conviene.   

Lo más inquietante es que esta prohibición digital es el caballo de Troya para un control social que nos afecta a todos, no solo a los niños. Para que el Estado sepa que un menor no entra en la red, tiene que obligarnos a todos los adultos a identificarnos cada vez que abramos el navegador. La herramienta ya tiene nombre: la "Cartera Digital Beta", un documento de identidad invisible que acabará con el último reducto de libertad que nos quedaba: el anonimato. Bajo el pretexto de salvar a la infancia del "salvaje oeste digital", se está construyendo una arquitectura de vigilancia masiva donde cada clic dejará una huella estatal. Es la misma filosofía que late tras las balizas conectadas de la DGT; nos dicen que son para nuestra seguridad en carretera, pero su verdadera función es que cada movimiento esté monitorizado en una plataforma central.   

No se dejen engañar por la retórica del miedo. Si de verdad quisiéramos proteger a los menores, el Estado invertiría en educación crítica y en herramientas de control que empoderen a los padres, no en policías algorítmicos. Al elevar la edad de acceso y eliminar el consentimiento paterno, el Estado no está borrando los riesgos, solo está haciendo que los adolescentes los busquen a escondidas, usando redes privadas o identidades prestadas, lejos de la mirada protectora de sus familias. Nuestros hijos no son propiedad de la administración; son nuestra responsabilidad. Ya es hora de que el sentido común reclame su sitio frente a esta marea autoritaria que trata a los ciudadanos libres como menores de edad perpetuos bajo sospecha permanente. La libertad no desaparece de golpe, se diluye lentamente entre prohibiciones biempensantes hasta que, un día, descubrimos que el Estado ha ocupado el salón de nuestra casa.

 Joaquín Bernal Rodríguez - abogado