Una vivienda digna en El Puerto

El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. 

Principio constitucional de difícil encaje en la situación actual de nuestro país y de cuya dificultad nuestra ciudad no solo es ajena, sino que tiene ciertas singularidades que lo hacen aún más preocupante. 

En El Puerto de Santa María, al problema de escasez o falta de disponibilidad de vivienda tanto de nueva construcción como en el mercado de segunda mano o el de alquiler, con precios desorbitados que resultan prohibitivos e inalcanzables para jóvenes o personas y familias de rentas más bajas, que ven frustrada su aspiración a tener su propia vivienda, que les posibilite su independencia en condiciones mínimamente dignas; a esto se suma una tasa de paro superior al 20% y con una fuente de empleo basada principalmente en el sector servicios que, unido a la temporada estival y a la estacionalidad que la caracteriza, nos proporciona unos niveles de renta per cápita que condenan a los jóvenes y a los más desfavorecidos a ver frustrado su deseo de independencia y acceso a una vivienda digna.

La escasa obra nueva que se realiza no está al alcance del ciudadano medio, absorbida por inversores para segunda residencia o alquileres turísticos o de temporada. Mientras que el mercado de segunda mano se ha visto contaminado de la tendencia alcista de precios, creando distorsiones tan alarmantes como ofertar viviendas protegidas con antigüedad superior a los 20 años a precios superiores a los 2.300 €/m2. Por su parte, en el mercado del alquiler la situación es similar, pues por debajo de los 900 €/mensuales solo encontramos el extendido y arraigado arrendamiento de temporada para profesores y maestros (y no precisamente porque el arrendador esté apostando por la educación ni por el cuidado de estos sectores educativos que, además han de ser de fuera, para así dejar libre y expedito el inmueble para que el propietario pueda hacer su agosto). 

En El Puerto, la escasez de viviendas, tanto de nueva construcción como de segunda mano o en alquiler, y los precios elevados, hacen que el acceso a una vivienda sea inalcanzable para jóvenes y familias de bajos ingresos

Mención aparte merecen las rehabilitaciones de viviendas en el centro histórico, otrora visto como la panacea para recuperar la vida y la actividad mediante el regreso del portuense a su casco histórico, pero que ha devenido en más de lo mismo: promociones adquiridas para pisos turísticos o para alquileres temporales, que dejan a muchos portuenses al margen de cualquier expectativa de cumplir con su derecho constitucional a la vivienda digna que nuestra carta magna consagra. 

Mientras se articulan soluciones a medio y largo plazo, que pasarían por la promoción pública y privada de viviendas, en propiedad y/o alquileres a precios razonables, que conllevaría la racionalización y normalización del mercado inmobiliario, habrá que intervenir de algún modo a corto plazo, en un mercado marcado y regido más por la especulación que por las reglas de la oferta y la demanda.