





El concejal del PP comparece por segunda vez como investigado en una de las piezas separadas del caso que destapó la UDEF


El concejal del Partido Popular Jesús Garay, actual teniente de alcalde, ha comparecido este martes a primera hora en los Juzgados de El Puerto en calidad de investigado por su presunta implicación en el caso del tren turístico que conectaba el centro urbano con Puerto Sherry.
La citación se enmarca dentro de una de las piezas separadas abiertas tras la investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el verano de 2023. Una operación que tomó notoriedad pública en enero de 2024, tras la detención del exjefe accidental de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, y del técnico municipal José Manuel Camacho.
Garay llegó a la sede judicial acompañado por el también concejal del PP y portavoz del Grupo Municipal, Javier Bello, así como por el intendente principal de la Policía Local, David Viñuela.
Solo respondió a su abogado
En esta segunda comparecencia judicial, el edil del PP optó por no responder a ninguna pregunta salvo a las formuladas por su abogado defensor, acogiendo así su derecho constitucional a no declarar. Según ha trascendido, durante su intervención negó cualquier responsabilidad en los hechos y alegó falta de competencias en el expediente que dio origen al polémico trenecito.
Garay habría asegurado que nunca fue informado oficialmente sobre esta contratación ni tuvo participación alguna en el procedimiento. En su declaración, señaló directamente al área de Medio Ambiente, que por entonces estaba dirigida por el también concejal popular Millán Alegre, como el departamento con competencias en materia de transportes en el momento de los hechos investigados.
Delitos imputados
La causa que se investiga atribuye a Garay la posible comisión de dos delitos: negociaciones prohibidas a funcionario público en calidad de cooperador necesario y prevaricación omisiva como autor directo.
El caso del trenecito a Puerto Sherry es solo una de las ramificaciones que han surgido tras la investigación de la UDEF en el Ayuntamiento de El Puerto, una operación que continúa abierta y que ha salpicado a diferentes áreas del Gobierno local.













