Pistas de pádel en el Club Náutico.
Ecologistas en Acción exige explicaciones al Ayuntamiento por su inacción ante una construcción sin licencia que daña el entorno del Guadalete
Más de un año después de que se dictara una orden firme de demolición contra las cubiertas textiles instaladas en las pistas de pádel del Club Náutico, las estructuras siguen en pie sin que el Ayuntamiento haya ejecutado la resolución ni impuesto todas las multas coercitivas previstas. Ecologistas en Acción denuncia públicamente esta situación, acusando al área de Disciplina Urbanística de mantener una actitud pasiva que favorece la impunidad urbanística y alienta la política de hechos consumados.
Los hechos se remontan al verano de 2022, cuando comenzaron las obras de instalación de unas cubiertas textiles de gran tamaño en dos pistas de pádel situadas en terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz al Club Náutico. Las obras, que se ejecutaron mediante una simple “declaración responsable” por parte del promotor, despertaron un aluvión de críticas por su impacto visual sobre el entorno del río Guadalete y por presuntas irregularidades urbanísticas.
Un informe del arquitecto municipal confirmó que las cubiertas requerían licencia de obra mayor y que, por tanto, la declaración presentada carecía de validez legal. Sin embargo, el Ayuntamiento permitió que los trabajos continuaran y concluyeran, demorando la apertura del expediente de protección de la legalidad hasta junio de 2023.
La resolución municipal llegó en octubre de ese año, cuando se dictó un decreto firme ordenando la demolición de las cubiertas en el plazo de un mes y advirtiendo al promotor de la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad mensual y por importe del 10% del valor de las obras. Sin embargo, Ecologistas en Acción asegura que solo se ha hecho efectiva una sanción —en abril de 2024— y que no consta la aplicación de nuevas multas a pesar de que la obra ilegal sigue en pie.
A este expediente se suma una sanción económica de más de 9.000 euros, también impuesta al promotor por la ejecución de las obras sin licencia. La sanción fue recurrida judicialmente, pero el Tribunal Contencioso-Administrativo de Cádiz ha desestimado el recurso, ratificando su firmeza. La resolución judicial refuerza la legalidad de la actuación municipal, aunque no evita que la orden de demolición siga sin cumplirse.
Ecologistas en Acción, que figura como parte personada en el expediente, afirma no haber recibido notificación de ningún recurso contra la orden de demolición, lo que evidencia —según la organización— que dicha resolución es firme desde hace meses. Además, subrayan que tampoco han sido informados sobre nuevas multas coercitivas, pese a que estas deberían haberse comunicado formalmente.
“La lentitud y la desidia de la administración en este caso no son excepcionales. Más bien forman parte de una práctica estructural de Disciplina Urbanística que dificulta el cumplimiento de la legalidad y favorece que ciertas actuaciones ilegales se consoliden en el tiempo”, señalan desde Ecologistas en Acción. “No es de extrañar que muchos promotores asuman el riesgo de infringir la normativa urbanística si saben que las consecuencias serán mínimas y llegarán tarde”.
El colectivo ecologista recuerda que las cubiertas suponen un impacto visual muy negativo sobre el entorno del Guadalete, un espacio de alto valor paisajístico, y exige al Ayuntamiento que cumpla con su deber legal procediendo a la ejecución subsidiaria de la demolición si el promotor continúa desobedeciendo la orden. Igualmente, solicitan explicaciones públicas sobre la inacción municipal y la posible omisión en la aplicación de las sucesivas sanciones previstas.
Mientras tanto, la estructura sigue presidiendo el entorno del río, convertida en símbolo de una inercia administrativa que, a juicio de los ecologistas, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística.
Una historia de retrasos administrativos y legalidad ignorada
El caso del Club Náutico ilustra, en opinión de los colectivos sociales, un patrón repetido en la gestión urbanística portuense: obras que se inician sin licencias adecuadas, declaraciones responsables que sustituyen irregularmente a los permisos, informes técnicos que no paralizan las obras, expedientes que se abren con meses de retraso y sanciones que se aplican tarde, mal o nunca.
La “declaración responsable” utilizada por el promotor para iniciar las obras carecía de validez desde el primer momento, como dejó claro el arquitecto municipal en su informe. Sin embargo, no se adoptaron medidas cautelares. En lugar de paralizar los trabajos, el Ayuntamiento permitió que se completaran y solo reaccionó cuando la denuncia ciudadana y ecologista puso el asunto sobre la mesa.
“La política de hechos consumados funciona porque la administración lo permite”, denuncia el colectivo. “Cuando no se ejecutan las órdenes de demolición, cuando las sanciones no se aplican de forma sistemática, se lanza el mensaje de que el cumplimiento de la ley es opcional”.
Reclaman transparencia e intervención inmediata
Ecologistas en Acción solicita además transparencia total en la gestión del expediente: notificaciones, recursos, sanciones impuestas y comunicaciones realizadas. Como parte personada, recuerdan, tienen derecho a acceder a toda la documentación, y advierten que, en caso de persistir la opacidad o la inacción, se plantearán nuevas acciones legales y campañas de denuncia pública.
“Si hay voluntad política, la demolición se puede ejecutar subsidiariamente”, afirman. “Lo que falta es decisión y firmeza para hacer cumplir la ley incluso cuando afecta a entidades influyentes o con intereses bien posicionados en la ciudad”.
El caso del Club Náutico, señalan, no es un episodio aislado. “Forma parte de un modelo de ciudad en el que los intereses privados a menudo se imponen sobre el interés general y el respeto al patrimonio ambiental”. Por ello, concluyen, la respuesta del Ayuntamiento en este caso no solo determinará el futuro de una cubierta ilegal, sino que será una prueba de credibilidad institucional frente a la ciudadanía.
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