Igualdad frente a la prioridad nacional

La prioridad nacional es la proclama de la ultraderecha de VOX que la derecha del PP adopta como propia, por exigencia de aquella para la investidura de los de estos y que, ante el revuelo organizado en torno al término, unos reafirman y otros descafeínan dejándolos a la vez en evidencia. 

Lo prioritario no solo es anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden, sino preferencia, preeminencia, preponderancia, prelación, primacía, superioridad, precedencia, antelación y, lo que es más grave aún, discriminación y exclusión bajo el paraguas de la identidad nacional, cuyo término también da para mucho y de cuyas acepciones que los defensores del palabro señero no han reparado en alumbrar. 

El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier circunstancia personal o social. Además, en el artículo 9 de la Carta Magna se establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva. Así, la no discriminación se constituye como un complemento del derecho a la igualdad y como garantía del disfrute de todos los derechos fundamentales y libertades públicas y su vinculación inmediata con la dignidad de la persona, uno de los fundamentos, según el artículo 10 de la norma marco, del orden político y de la paz social, por lo que el carácter necesario de la igualdad se erige como elemento esencial para la construcción de una sociedad cada día más justa.

A mayor abundamiento, la no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en el ámbito del Consejo de Europa, en el protocolo número 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos, así como en diversos tratos y directivas del Consejo y del Parlamento Europeo y en la más reciente Ley 15/2022 de 12 de Julio emanada de nuestras Cortes Generales.

Sorprendentemente, las dos formaciones políticas, esto es PP y VOX, confluyen en ignorar todo el marco jurídico reseñado,  colocándose en postulados contrarios a la ley  y al derecho y adoptando posicionamientos contrarios a principios fundamentales, abogando por la discriminación y la exclusión social bajo el paraguas del concepto  engañoso de prioridad nacional, que no prioriza nada sino que persigue algo aún peor, el estancamiento y deterioro de servicios públicos esenciales como paradigma de sus políticas allá donde gobiernan.

Y es que, allá donde gobiernan PP y VOX, se va desmantelando lo público en pro de la privatización de los servicios, en lugar de invertir en mejoras y ampliación de recursos disponibles para una mejora permanente de éstos, de manera que alcancen a todos los ciudadanos en las mejores condiciones y en igualdad absoluta. La prioridad es el reconocimiento del fracaso de sus políticas cada vez más precarias e insuficientes que pretenden encubrir mediante una laminación de acceso a los servicios públicos, absolutamente deleznable e inadmisible en un país como el nuestro.

Andalucía tiene la oportunidad de priorizar la igualdad y la defensa de lo público, relegando a la derecha al lugar que, por méritos propios, merece ocupar fuera del gobierno en el próximo mandato que surja de la cita con las urnas del próximo 17 de mayo.

José Luis Romero Pacheco - Abogado