Las claves de la investigación sobre la presunta trama de blanqueo

Desde los primeros registros hasta las últimas decisiones judiciales e institucionales, repasamos en esta cronología los principales hitos de la investigación por el presunto blanqueo de capitales con epicentro en El Puerto

La investigación sobre la presunta trama de blanqueo de capitales con epicentro en El Puerto de Santa María ha entrado en una nueva fase con la incorporación de nuevos datos al sumario. La causa, que mantiene en prisión provisional al empresario portuense Pascual Llopis y al empresario sevillano Mario García Lobato, investiga un supuesto entramado empresarial que, según el instructor, habría servido para introducir en el tráfico mercantil dinero presuntamente procedente del narcotráfico. Contratos públicos, grandes festivales, sociedades mercantiles, dinero en efectivo y conversaciones intervenidas forman parte de una instrucción que continúa abierta.

El origen de la operación

La investigación dio un salto el pasado 1 de julio, cuando la Guardia Civil desarrolló una macrooperación simultánea en las provincias de Cádiz y Sevilla bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María y la coordinación de la Fiscalía Antidroga.

Los agentes practicaron una treintena de registros en viviendas, oficinas, establecimientos de hostelería y dependencias administrativas. Entre ellas figuró el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, donde fueron requeridos varios expedientes relacionados con contratos de patrocinio concedidos a empresas ahora bajo investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó que el procedimiento investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales en organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, utilización de información privilegiada y tráfico de influencias.

Dos empresarios en el centro de la investigación

El auto judicial sitúa al empresario sevillano Mario García Lobato como el presunto administrador real del entramado empresarial investigado y atribuye a Pascual Llopis, conocido en El Puerto como Pascuali, la función de testaferro para canalizar, presuntamente, fondos de origen ilícito a través de distintas sociedades.

El instructor sostiene, de forma indiciaria, que García Lobato dirigía la organización, tomaba las principales decisiones económicas y controlaba inversiones, formas de pago y operaciones empresariales, mientras que Llopis aparecía como administrador o representante de numerosas mercantiles.

Por estos hechos, ambos permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras continúa la instrucción judicial.

Quién es Pascual Llopis

Hasta el estallido de la operación, Pascual Llopis era uno de los empresarios más conocidos del sector del ocio y la restauración en la provincia de Cádiz.

Su trayectoria comenzó a finales de los años noventa con el establecimiento La Pontona, al que siguieron otros negocios como la sala Mucho Teatro. Con el paso del tiempo fue ampliando su actividad hasta construir un grupo empresarial con presencia en la hostelería, el ocio nocturno y la organización de grandes eventos.

Entre los negocios vinculados a su actividad figuran la discoteca Banana, el restaurante Babú, el chiringuito Margarita, varios apartamentos turísticos y distintas sociedades dedicadas a la organización de festivales.

Su crecimiento empresarial también estuvo ligado al sector de los grandes eventos musicales. Fue uno de los impulsores del Puro Latino Fest, nacido en El Puerto y posteriormente expandido a otras ciudades españolas, además de promover iniciativas como Soko, la Pre Feria portuense y el circuito Pal Sur Festival.

Su actividad tampoco se limitó a El Puerto. La relación de Llopis con Tarifa se remonta a varios años atrás, donde gestionó la antigua discoteca Palo Verde, uno de los referentes del ocio nocturno del municipio durante varias temporadas estivales. Posteriormente impulsó el Pal Sur Festival, convertido en uno de los principales circuitos musicales itinerantes de la provincia y celebrado en municipios como Prado del Rey, Ubrique, Villamartín, Bornos, Arcos de la Frontera, Tarifa, Alcalá del Valle, Paterna de Rivera y Chipiona.

Fuera del ámbito empresarial también adquirió notoriedad pública. En enero de 2024 representó al Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de El Puerto y meses después impulsó la creación de la Asociación de Reyes Magos de la ciudad.

El dinero intervenido

Uno de los elementos que más peso tiene en la investigación es el dinero intervenido durante los registros.

El auto judicial recoge que en el domicilio de Pascual Llopis fueron localizados 1.166.875,80 euros en efectivo, de los cuales 455.150 euros estaban envasados al vacío. El magistrado considera relevante esta circunstancia al entender que ese sistema de conservación resulta compatible con la ocultación del dinero en tierra, lugares húmedos u otros espacios destinados a dificultar su localización.

En el domicilio de Mario García Lobato también fueron intervenidos 572.850 euros en efectivo, una cantidad que el instructor pone en relación con el manejo de importantes sumas de dinero y con distintas conversaciones incorporadas al procedimiento.

Según las primeras informaciones publicadas durante la investigación, parte del dinero apareció oculto entre paredes y dobles fondos de algunos de los inmuebles registrados.

Además del efectivo, la Guardia Civil intervino abundante documentación mercantil, teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, vehículos de alta gama y relojes de lujo.

En la vivienda de Mario García Lobato fueron localizados dos vehículos Mercedes y un Audi, mientras que en las propiedades vinculadas a Pascual Llopis los agentes encontraron un Porsche Cayenne, un Mercedes, un BMW y quince relojes Rolex, además del resto del material incorporado a las diligencias.

Las sociedades investigadas

El auto dedica buena parte de su contenido a describir el entramado societario investigado.

Entre las sociedades vinculadas a Pascual Llopis figuran Luna Bahía, Bahía Luz Restauración, Cayetanos del Puerto, Beauty Beach, Pisgo Inversiones, Altos de Vistahermosa y Tarifa Conceptual, además de otros negocios relacionados con la hostelería, la organización de eventos y la gestión inmobiliaria.

En paralelo, la resolución judicial también cita sociedades creadas directamente por Mario García Lobato, entre ellas Lealtigroup, Mepa Logística y PDJ Inversiones Inmobiliarias.

Según la hipótesis del instructor, todas estas mercantiles formarían parte de una estructura empresarial utilizada presuntamente para mover fondos y desarrollar distintas operaciones económicas que ahora son objeto de investigación.

Los contratos públicos bajo la lupa

Uno de los principales ejes de la investigación se centra en los contratos de patrocinio adjudicados por administraciones públicas a sociedades vinculadas a Pascual Llopis. La Guardia Civil sostiene que estas ayudas económicas constituyen una de las líneas de investigación abiertas para determinar el funcionamiento del presunto entramado empresarial.

Los investigadores han requerido a la Diputación de Cádiz cinco expedientes de patrocinio adjudicados entre 2024 y 2026 por un importe global de 1.371.300 euros, IVA incluido. Cuatro de ellos fueron concedidos a Luna Bahía S.L., por un total de 1.221.300 euros, mientras que el quinto corresponde a Bahía Luz Restauración S.L., por 150.000 euros.

Los contratos investigados corresponden al Pal Sur Festival 2024, Baila Paterna by Pal Sur 2024, Pal Sur Festival 2025, Pal Sur Festival 2026-Circuito Diputación de Cádiz y la Pre Feria de El Puerto 2026.

El expediente de mayor importe es el correspondiente al Pal Sur Festival 2026, adjudicado por 550.000 euros.

Según la documentación analizada por la Guardia Civil, todos los contratos presentan características similares: fueron tramitados como contratos privados de patrocinio, mediante procedimiento negociado sin publicidad, con una única oferta presentada y finalmente adjudicados a sociedades vinculadas al empresario investigado.

Luna Bahía y Bahía Luz

La instrucción también analiza la actividad de las dos principales sociedades beneficiarias de esos contratos.

Luna Bahía S.L. fue constituida el 6 de febrero de 2024, con un capital social de 3.000 euros y domicilio en la calle Misericordia número 12 de El Puerto de Santa María. Su objeto social incluye la organización de festivales, conciertos, espectáculos, actividades de hostelería, restauración y gestión inmobiliaria.

Apenas tres meses después de su constitución obtuvo su primer contrato público de patrocinio, correspondiente al Pal Sur Festival 2024, por más de 256.000 euros.

En poco más de dos años la sociedad acumuló adjudicaciones superiores a 1,2 millones de euros.

La segunda empresa investigada, Bahía Luz Restauración S.L., también domiciliada en la calle Misericordia, fue la adjudicataria del patrocinio de la Pre Feria de El Puerto 2026, valorado en 150.000 euros.

Entre finales de marzo y finales de abril de 2026 ambas sociedades concentraron contratos públicos por 700.000 euros.

Los mensajes de WhatsApp

Con el levantamiento parcial del secreto de sumario trascendieron conversaciones mantenidas en un grupo de WhatsApp del que, según la investigación, formaban parte Mario García Lobato, Pascual Llopis y otros empresarios.

Según recoge el auto judicial, en ese grupo se hablaba de posibles gestiones relacionadas con contratos públicos, licencias administrativas y contratación de personal vinculado a la Diputación de Cádiz y a la Junta de Andalucía.

La investigación incorpora además mensajes publicados posteriormente por EL PAÍS, en los que Mario García Lobato manifestaba la necesidad de conseguir "un millón y pico" de euros a través del Festival Puro Latino.

En esas conversaciones también se hace referencia a una supuesta comisión del 10 % y a la entrega de "regalitos todo el año" a un responsable de la Administración autonómica identificado como "el Gordo". En otra conversación uno de los participantes llega a comentar: "Un jamón y dentro métele 3 o 5 mil euros".

No obstante, tanto la documentación judicial conocida como la información publicada hasta la fecha precisan que no existen pruebas de que esos supuestos sobornos llegaran a materializarse o fueran aceptados.

La Guardia Civil llega a la Diputación

La investigación alcanzó también a la Diputación Provincial de Cádiz.

Agentes de la Guardia Civil acudieron al edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, para solicitar la documentación correspondiente a los contratos de patrocinio investigados.

El área está dirigida por el vicepresidente cuarto de la Diputación y alcalde de El Puerto, Germán Beardo.

El propio Beardo acudió a las dependencias provinciales mientras se desarrollaba el requerimiento y aseguró posteriormente que no se había producido ningún registro en su despacho, sino una solicitud de documentación atendida por los servicios técnicos de la institución.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclaró posteriormente que, hasta la fecha, Germán Beardo no figura como investigado en la causa.

La Diputación paraliza los patrocinios

El avance de la investigación también tuvo consecuencias administrativas.

La Diputación acordó suspender cautelarmente la ejecución del contrato de patrocinio del Pal Sur Festival 2026 y comenzó los trámites para resolverlo, al considerar que la repercusión pública de la investigación podía afectar al interés público y al retorno publicitario que justificaba la adjudicación.

Pocos días después adoptó otra medida similar respecto al Puro Latino Fest El Puerto 2026, suspendiendo cautelarmente la formalización del contrato de patrocinio previsto para el festival.

La institución insistió en ambos decretos en que estas decisiones se adoptaban sin prejuzgar el resultado de la investigación judicial y con pleno respeto a la presunción de inocencia.

La dimisión de Jorge Vázquez

Otra de las consecuencias políticas de la investigación fue la dimisión del director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez.

Su nombre apareció mencionado durante la instrucción después de que un testigo relacionara con él una de las referencias incluidas en las conversaciones de WhatsApp incorporadas al procedimiento.

Tras conocerse esa circunstancia, Vázquez anunció su cese mediante un comunicado en el que explicó que abandonaba el cargo para evitar perjudicar a la institución y mostró su confianza en que los hechos quedarían esclarecidos.

Según la información judicial conocida, no figura como investigado.

La defensa de Pascual Llopis

La representación legal de Pascual Llopis ha rechazado las informaciones que relacionan al empresario con delitos de tráfico de drogas.

El despacho Lawpro Abogados, que también representa a la esposa y al hijo de Pascual Llopis, ha recordado que el empresario no está siendo investigado por un delito de tráfico de estupefacientes y que durante los registros practicados por la Guardia Civil no se intervino ninguna sustancia estupefaciente.

La defensa ha insistido, además, en que sus representados están amparados por el derecho constitucional a la presunción de inocencia y ha reiterado su disposición a colaborar con la Administración de Justicia. El abogado de Pascual Llopis estuvo presente el pasado viernes en las dependencias judiciales de El Puerto de Santa María.

Una investigación todavía abierta

Mientras continúan las declaraciones de investigados y testigos, la Guardia Civil sigue analizando el abundante material intervenido durante la operación: documentación mercantil, dispositivos electrónicos, contratos públicos y movimientos económicos.

El atestado elaborado por los investigadores supera los 500 folios, reflejo de la complejidad de una causa que mantiene abiertas numerosas líneas de investigación. 

El objetivo del procedimiento pasa ahora por determinar el origen del dinero intervenido, esclarecer el funcionamiento del entramado societario descrito por el juez y verificar si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos públicos o si, por el contrario, los indicios inicialmente apreciados no llegan a consolidarse durante la instrucción.

La causa continúa abierta y todas las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que recaiga una resolución judicial firme.