La Diputación se personará en la causa de la trama de El Puerto

La Diputación de Cádiz prepara su personación como perjudicada en la causa judicial de la trama de El Puerto

La Diputación Provincial de Cádiz estudia personarse como parte perjudicada en la investigación judicial abierta por una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico, en la que se analizan varios contratos de patrocinio suscritos por la institución con promotores de festivales.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, anunció durante el pleno ordinario celebrado este miércoles que la Asesoría Jurídica ya trabaja en la preparación de esa personación. Según explicó, la investigación se dirige actualmente contra un empresario y no contra la Diputación, sus contratos de patrocinio ni ninguno de sus responsables políticos o técnicos.

Martínez defendió la legalidad de los expedientes de patrocinio requeridos por la Guardia Civil, asegurando que han seguido una "trazabilidad legal, técnica y administrativa" conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, reiteró que la suspensión cautelar de los patrocinios a los festivales Puro Latino y Pal Sur responde a la necesidad de proteger los intereses de la institución mientras avanza la investigación judicial.

Durante el debate plenario, los grupos del PSOE e Izquierda Unida solicitaron más información sobre los contratos, los criterios de concesión de los patrocinios y las medidas que adoptará la Diputación para reforzar los mecanismos de control. También reclamaron acceso a los expedientes y explicaciones sobre la adjudicación de ayudas a empresas de reciente creación.

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Diputación y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, garantizó la máxima transparencia en la entrega de la documentación solicitada por la oposición. Además, agradeció la "prudencia" mostrada por PSOE e IU durante el desarrollo de la investigación y aseguró que tanto él como los técnicos de su área han sido objeto de un "señalamiento" que, según afirmó, fue desmentido posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La investigación judicial continúa abierta y se centra en una presunta trama de blanqueo de capitales relacionada con el narcotráfico, en la que se examinan las relaciones contractuales entre distintas administraciones públicas y empresas promotoras de eventos musicales.