La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la condena a una funcionaria de prisiones de El Puerto de Santa María por allanar la vivienda de un compañero de trabajo y proferirle amenazas, hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2021 y que trascendieron el ámbito laboral para terminar en los tribunales.
La trabajadora evitó un juicio con jurado al admitir los hechos en un acto de conformidad, pactando penas mínimas. La sentencia, fechada el 11 de noviembre de 2025, establece que tanto la acusada como la víctima eran vecinos dentro del recinto del centro penitenciario Puerto I y II, donde ambos prestaban servicio.
Según el fallo, el 17 de septiembre de 2021 la funcionaria accedió al porche y al interior de la vivienda de su compañero sin su consentimiento. Al ser sorprendida, hizo caso omiso a la petición de abandonar el domicilio, lo que obligó al propietario a llamar a la Policía, que se personó minutos después y la localizó en el porche.
La tensión continuó la noche siguiente, cuando la acusada bloqueó la salida del domicilio con su vehículo y dirigió insultos y amenazas al hombre y su familia, provocando un estado de ansiedad y temor. Entre otras expresiones, le dijo: “esto lo vas a pagar porque yo se lo voy a contar a todos los jefes y a todos los mandos, que conozco a muchos”.
La resolución judicial impone a la funcionaria seis meses de prisión, pena que ha quedado suspendida durante dos años, junto con multas de 180 euros por delitos de coacciones y amenazas leves. Asimismo, se le prohíbe contactar con la víctima y su familia durante un año y ocho meses, y debe hacerse cargo de las costas procesales, salvo las de la acusación particular.
Este caso evidencia cómo los conflictos laborales pueden trasladarse al ámbito personal con consecuencias legales graves, y subraya la responsabilidad de los empleados públicos en mantener la convivencia y la seguridad dentro de entornos profesionales y residenciales.
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