La plataforma anuncia que valorará acudir a Fiscalía y Defensor del Pueblo.
La plataforma ciudadana El Puerto para Vivir, integrada por colectivos sociales y vecinos a título individual con carácter apartidista, señala que “quiere responder al comunicado emitido por el Ayuntamiento y la Policía Local tras nuestras denuncias públicas sobre la negativa reiterada a recoger denuncias relacionadas con pisos turísticos, fiestas descontroladas y chiringuitos de Puerto Sherry”.
En dicho comunicado, El Puerto para Vivir recuerda que “nuestra plataforma no responde a luchas de partido. En El Puerto para Vivir participan asociaciones y vecinos independientes de muy diversa sensibilidad, unidos únicamente por la defensa del bien común de la mayoría social de El Puerto. Nuestras preocupaciones se centran en la protección de derechos fundamentales que afectan a cualquier persona, con independencia de a quién vote o de su ideología”.
Afirman que existen derechos básicos como “el descanso en los hogares, la convivencia pacífica en los barrios, la seguridad ciudadana, la transparencia y, sobre todo, el cumplimiento de la legalidad y la eliminación de la corrupción, incluidos los negocios con más poder económico y los representantes políticos. Defender estos derechos no es una opción partidista: es una obligación democrática y un principio básico de justicia”.
“Nuestra denuncia no se basa en rumores ni en opiniones aisladas. Hemos recopilado numerosos testimonios en diferentes barrios y urbanizaciones de la ciudad. En varios de esos casos, los afectados intentaron presentar denuncias tanto por vía telefónica como de forma presencial en dependencias policiales”.
Es por ello que “queremos subrayar especialmente que miembros de nuestra propia plataforma se personaron directamente en la Jefatura de la Policía Local con la intención de interponer una denuncia, y los agentes presentes se negaron a recogerla. Estos hechos, constatados y relatados en primera persona, contradicen de manera directa lo que ahora sostiene el comunicado oficial”.
"El Ayuntamiento y la Policía Local afirman que existen instrucciones para recoger precisamente estas denuncias. Estamos de acuerdo: esa es precisamente la base de nuestras reclamaciones. Por ello preguntamos:
¿Cómo se explican entonces los casos concretos de vecinos a quienes se les ha negado este derecho en repetidas ocasiones?
¿Cómo se explica la afirmación realizada por un policía local de que el Jefe de la Policía Local ha dado órdenes de no recoger denuncias a los chiringuitos de Puerto Sherry?
¿Qué responsabilidad asume la Jefatura de la Policía Local y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Garay, cuando en la práctica los vecinos se encuentran con negativas sistemáticas en situaciones relacionadas con el turismo de borrachera, las molestias vecinales y las posibles ilegalidades cometidas por diversos negocios?".
El comunicado municipal hace referencia a la existencia de un protocolo de actuación de la Policía Local. Desde El Puerto para Vivir “recordamos que tener un protocolo no garantiza que se cumpla. De hecho, los testimonios recogidos demuestran precisamente que ese protocolo se incumple en la práctica. No es la primera vez que ocurre: en nuestra ciudad abundan los ejemplos de contratos, ordenanzas y normativas aprobadas por el propio Ayuntamiento que se incumplen sistemáticamente por parte del actual equipo de Gobierno. Desde el contrato de limpieza y mantenimiento al del pintado de los pasos de peatones, como bien saben los portuenses. La mera existencia de un documento no sustituye a la obligación de aplicarlo y garantizar los derechos de los vecinos”.
Tal y como indica la propia normativa, “recordamos que la Policía Local tiene la obligación legal de recoger cualquier denuncia y de acudir cuando se requiere su presencia, independientemente de valoraciones subjetivas sobre la gravedad del caso. La negativa a hacerlo vulnera los derechos de los vecinos y erosiona gravemente la confianza en las instituciones municipales”.
“Consideramos profundamente vergonzoso que se utilicen instituciones públicas, que deberían ser neutrales y estar al servicio de todos, para atacar y desacreditar a una plataforma ciudadana como la nuestra. El Puerto para Vivir no representa intereses partidistas, sino la defensa de derechos fundamentales como el descanso, la convivencia, la seguridad y el cumplimiento de la legalidad. Cuando se usan recursos públicos para intentar silenciar o desprestigiar a quienes exigen que se respeten esos derechos, lo que se debilita no es a la plataforma, sino a la propia democracia y a la confianza ciudadana en sus instituciones”.
Al mismo tiempo, “queremos dejar claro que seguiremos recopilando denuncias y testimonios, y valoraremos su traslado a instancias superiores como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Subdelegación del Gobierno o la Fiscalía, para que se depuren responsabilidades y se garanticen los derechos de los vecinos. Nuestro compromiso es claro: defender los derechos de los portuenses y obligar a los responsables a actuar y trabajar por el interés general”.
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