La APBC confirma el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry el 7 de julio

Actualidad26/06/2026

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha acordado, por unanimidad, desestimar el recurso de reposición presentado por la concesionaria Marina Puerto de Santa María S.A. contra el acuerdo adoptado el pasado 18 de mayo, que rechazó la medida provisional solicitada para mantener la actividad desarrollada mediante los denominados «kioscos desmontables».

Con esta decisión, la APBC ratifica la denegación de la prórroga solicitada por la concesionaria, por lo que los establecimientos conocidos como Margarita, Blu, Phiphi y Playa Canalla deberán cesar su actividad el próximo 7 de julio, salvo que una resolución judicial determine lo contrario.

En los últimos años, estos locales se han consolidado como uno de los principales focos de ocio nocturno del verano en la Bahía de Cádiz, atrayendo a miles de visitantes y generando un importante impacto económico y turístico en El Puerto.

El cierre también tendrá repercusiones en el empleo estacional. El grupo BanBan, propietario de Phiphi, Playa Canalla y Blu, mantiene alrededor de 200 trabajadores durante la temporada baja, una cifra que se aproxima al millar en los meses de mayor actividad, con puestos que abarcan hostelería, cocina, limpieza, seguridad, mantenimiento, relaciones públicas, recepción y coctelería.

Desde la Autoridad Portuaria insisten en que la decisión responde «exclusivamente a la aplicación de la normativa vigente y al ejercicio de las competencias que la ley atribuye en la gestión del dominio público portuario», precisando además que ello «no impide que en el futuro la zona pueda destinarse a una actividad hostelera si se ajusta al marco legal».

Antecedentes

El Consejo de Administración ya rechazó el pasado mes de mayo la medida cautelar solicitada por la concesionaria para mantener la actividad hasta el 13 de septiembre de 2026, al considerar que «carecía de amparo jurídico» al no cumplirse los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

Paralelamente, la Fiscalía Provincial de Cádiz presentó una denuncia ante los Tribunales de Instancia de El Puerto tras analizar las licencias municipales concedidas a estos establecimientos, al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación administrativa relacionado con las autorizaciones otorgadas.

La investigación se centra en que los locales disponían de una autorización concedida por la Autoridad Portuaria en marzo de 2023 como bar-kiosco, con una vigencia de tres años, limitada a los meses de abril a septiembre y sin autorización para ofrecer música. Dicha autorización expiró el pasado mes de marzo y la solicitud de prórroga hasta septiembre ha sido finalmente rechazada.

Mientras tanto, la concesionaria ha iniciado un procedimiento para modificar la concesión y desarrollar un nuevo modelo de explotación que define como «más sostenible». Hasta que ese expediente se resuelva, había solicitado mantener la actividad actual, petición que la Autoridad Portuaria ha vuelto a desestimar por considerar que carece de cobertura jurídica.