PP y PSOE aprueban la liberación de Ángel González

El Pleno extraordinario celebrado este jueves 31 de julio en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aprobó la dedicación exclusiva del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel González, en una sesión marcada por la crispación política y un duro cruce de acusaciones entre formaciones. La medida, respaldada por el equipo de Gobierno del Partido Popular y por el propio PSOE, contempla una retribución anual de 43.000 euros brutos para el jefe de la oposición, conforme a lo establecido en el Estatuto de ‘Gran Ciudad’. Los grupos de la oposición restantes votaron en contra.

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La propuesta se ampara en la normativa que rige los municipios con más de 75.000 habitantes, y que garantiza una dedicación exclusiva al grupo mayoritario de la oposición para ejercer funciones de control y fiscalización. Ángel González defendió su liberación con base en esa previsión legal y recordó que el equipo de Gobierno cuenta actualmente con catorce dedicaciones exclusivas: una por cada concejal del PP.

«No entiendo la polémica ni los reproches de otros grupos; simplemente se está cumpliendo la ley», afirmó el portavoz socialista, que insistió en que su situación responde a una cuestión de proporcionalidad institucional y no a una decisión arbitraria. González se mostró especialmente crítico con el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, a quien acusó de hipocresía y oportunismo. «Señor Botella, si cree que aquí hay un caso de corrupción, ¿por qué no va usted a un juzgado? Si ha recibido una lista de llamadas alertándolo, denúncielo. Como a usted no lo han liberado, tiene ahora la pataleta», declaró desde el atril.

No necesito vivir de la política. Esto es una cuestión de dignidad política

En su intervención, el dirigente socialista fue más allá y vinculó a Botella con negociaciones políticas a nivel provincial. «Tras unas negociaciones provinciales con La Línea 100x100, eso no lo cuenta usted en sus vídeos cuando va por Los Pinos. No necesito vivir de la política. Esto es una cuestión de dignidad política», añadió, elevando el tono de un debate que ya se había encendido desde el inicio de la sesión.

Desde el equipo de Gobierno, el primer teniente de alcalde, Javier Bello, defendió la legalidad de la liberación y subrayó que la medida responde al marco normativo vigente. «La carnaza política que intentan generar los portavoces de la oposición es legítima, pero lo cierto es que les hubiera gustado ser, no ya el partido más votado tras el ganador, como fuimos nosotros, sino también la segunda fuerza política. Aquí simplemente se aplica el Estatuto de 'Gran Ciudad', que reconoce este derecho al grupo mayoritario de la oposición», indicó.

Bello recalcó que se trata de una medida contemplada expresamente por la legislación autonómica, y que busca garantizar el equilibrio institucional y la representación adecuada de la oposición en el marco de una administración local con gran carga de gestión.

La sesión, lejos de discurrir con normalidad, evidenció la fractura existente entre los grupos municipales y anticipó una legislatura de tensiones prolongadas. El cruce de acusaciones, las alusiones personales y los reproches directos marcaron el tono de un debate que, a pesar de centrarse en un punto técnico, se tornó profundamente político.

Desde Izquierda Unida, su portavoz, José Luis Bueno, centró sus críticas en el momento elegido para plantear la propuesta. «¿Por qué sale esto ahora, a mitad de mandato y empezando agosto?», preguntó. Bueno advirtió que la urgencia del Pleno y la coincidencia con un periodo de baja actividad institucional despiertan sospechas razonables sobre las motivaciones políticas de fondo.

El portavoz de IU conectó la aprobación de esta dedicación exclusiva con la reciente situación vivida en la Diputación de Cádiz, donde el miércoles anterior —según explicó— «estuvo a punto de romperse el propio Gobierno provincial». Bueno aludió al expediente sobre la finca El Madrugador, actualmente adscrita al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), que podría volver a manos de la Diputación y acabar vinculada al proyecto deportivo del Cádiz CF. «Hay intereses urbanísticos, económicos, deportivos y muchas cuestiones ocultas», advirtió.

Aunque el resto de formaciones no alcanzó el nivel de confrontación protagonizado por González y Botella, también expresaron su rechazo a la iniciativa, centrando sus críticas en la oportunidad política del acuerdo y en su posible coste reputacional. A pesar de ello, ni el contenido del expediente ni su encaje legal fueron impugnados de forma oficial por ningún grupo.

Con la aprobación definitiva del Pleno, la liberación de Ángel González entra en vigor de manera inmediata. Su dedicación exclusiva como portavoz del principal grupo de la oposición queda así regulada por el Estatuto de 'Gran Ciudad', en una decisión que, pese a su base normativa, no ha logrado escapar del ruido político y que inaugura un nuevo periodo de confrontación en el seno de la Corporación.