La Justicia da la razón al Ayuntamiento en el caso del parking FOTO: Pedro López.
El Ayuntamiento de El Puerto, a través de la sociedad municipal Impulsa El Puerto SLU, ha logrado recuperar 123.072,87 euros tras obtener una sentencia favorable en los tribunales contra la empresa Ejecuciones en Superficies y Controles S.L., anterior adjudicataria del aparcamiento situado en la Pasarela.
La resolución judicial, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de El Puerto el pasado 9 de junio bajo el número 209/25, condena a la empresa a abonar el importe reclamado, junto con los intereses legales devengados y las costas del proceso. La concesión del aparcamiento fue adjudicada durante el anterior mandato del PSOE al frente del Ayuntamiento.
El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha valorado este fallo como “una nueva muestra del compromiso del equipo de Gobierno con la defensa de los recursos públicos y la transparencia en la gestión”. Esta recuperación económica se suma a los resultados obtenidos dentro del plan de saneamiento financiero que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años.
Desde el inicio del actual mandato, el equipo de Gobierno ha afrontado un escenario económico complejo, marcado por una deuda heredada superior a los 120 millones de euros. Gracias a la aplicación de políticas de contención y reorganización financiera, El Puerto se ha situado como el municipio con menor endeudamiento de toda la provincia de Cádiz.
A ello se suma el esfuerzo por resolver las consecuencias jurídicas y económicas de la gestión anterior, como el pago de más de 1,5 millones de euros derivados de sentencias por contrataciones irregulares bajo antiguos planes de empleo del PSOE. Igualmente, se ha desbloqueado el pago a proveedores, con la liquidación de numerosas facturas que quedaron paralizadas durante el anterior mandato socialista, algunas de ellas acumuladas desde su primer año de gobierno.
En el caso concreto del aparcamiento de la Pasarela, la empresa adjudicataria alegó en 2022 la imposibilidad de cumplir sus obligaciones contractuales tras el presunto robo de la recaudación, que, de manera irregular, almacenaban en la vivienda particular de uno de los socios. Un episodio que el Ayuntamiento calificó en su momento de “rocambolesco” y que finalmente ha sido resuelto judicialmente a favor de los intereses municipales.
Desde el Consistorio se destaca que esta sentencia no solo supone una recuperación directa de fondos públicos, sino también un respaldo jurídico al trabajo que se viene realizando para proteger el interés general y corregir situaciones heredadas que han lastrado las cuentas y la imagen institucional de la ciudad.
“Cada euro recuperado es una victoria para los portuenses”, han subrayado fuentes municipales, incidiendo en la importancia de continuar depurando responsabilidades y reforzando los mecanismos de control y legalidad en la gestión pública.
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