El caso de las atracciones de Valdelagrana se reabre por orden judicial

El Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María ha acordado reabrir la investigación sobre la instalación de atracciones sin licencia en Valdelagrana durante el verano de 2020, al estimar que aún quedan diligencias relevantes por practicar. En un auto fechado el pasado 3 de junio, el magistrado revoca el sobreseimiento dictado previamente y ordena continuar la instrucción del procedimiento, que había sido archivado provisionalmente en 2022 por la expiración del plazo legal de investigación.

El juez instructor ya había reconocido entonces que los hechos podían revestir indicios de delito, aunque justificó el archivo por haber superado los límites temporales fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal solicitaron reactivar el caso, al entender que existen pruebas pendientes que podrían ser determinantes.

Entre las nuevas diligencias acordadas figuran la toma de declaración al denunciante, a los investigados y la identificación —por parte del Ayuntamiento— de los responsables que autorizaron la instalación de las atracciones el 1 de julio de 2020. Además, el auto judicial da por presentado el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra el sobreseimiento dictado el pasado mes de abril.

El origen del caso se remonta a agosto de 2021, cuando la comunidad de propietarios Blegamar presentó una denuncia ante el Juzgado contra el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y varios miembros de su equipo de Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito medioambiental. La denuncia señalaba la puesta en funcionamiento de un parque de atracciones instalado en un espacio público sin disponer de la preceptiva licencia municipal.

Durante aquel verano, marcado además por las restricciones de la pandemia, se vivieron momentos de tensión entre el vecindario, la empresa promotora del recinto y el Ayuntamiento. Finalmente, los técnicos municipales ordenaron el precinto de las atracciones y concedieron un plazo de diez días para su desmontaje si no se obtenía la licencia.

Con la reapertura del procedimiento, el caso regresa al foco judicial y se abre la vía para esclarecer posibles responsabilidades administrativas y penales en una actuación que ha generado polémica durante más de tres años. La justicia deberá determinar ahora si hubo una actuación irregular o deliberada en la autorización y mantenimiento de estas instalaciones de ocio en la vía pública durante el verano de 2020.