La sección sindical de UGT en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de El Puerto de Santa María ha denunciado públicamente un nuevo episodio de lo que califica como “represión sindical y trato discriminatorio” por parte del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular. Según sostiene la organización, el concejal responsable del área, Javier Bello, habría vuelto a excluir a las representantes de UGT de las reuniones mantenidas con el comité de empresa.
En un comunicado, la sección sindical señala que el edil “ha celebrado encuentros con representantes de CCOO sin convocar ni permitir la asistencia de las delegadas de UGT”, pese a la legitimidad legal y representativa que el sindicato ostenta dentro del comité. “No se trata de un hecho puntual, sino de un patrón continuado de exclusión y silenciamiento hacia las trabajadoras afiliadas a UGT”, advierten.
UGT considera que esta actuación “supone una vulneración del derecho a la libertad sindical y un acto de represión laboral impropio de una administración pública”. En este sentido, recuerdan que “ningún responsable político puede decidir discrecionalmente con qué sindicato reunirse y con cuál no”, y subrayan que el Ayuntamiento “tiene la obligación de garantizar la participación y representación equitativa de todas las secciones sindicales que integran el comité de empresa”.
El sindicato vincula esta exclusión a un contexto de conflictividad laboral que, según asegura, se prolonga desde hace más de un año. Entre los problemas detectados, UGT cita “errores reiterados en las nóminas, retrasos en los pagos, ausencia de contratos firmados, incremento unilateral de horas de trabajo, jornadas abusivas, carencia de descansos, falta de material de protección y de formación adecuada”.
Desde la sección sindical critican “la pasividad del equipo de Gobierno ante las incidencias y vulneraciones detectadas”, recordando que el SAD “es un servicio esencial que atiende a personas mayores y dependientes de El Puerto”. En este sentido, exigen “respeto institucional, transparencia y condiciones laborales dignas para la plantilla”, así como “el fin de cualquier práctica que atente contra la igualdad de trato entre representantes sindicales”.
“El Ayuntamiento debe actuar como garante de los derechos laborales y sindicales, no como un obstáculo a su ejercicio”, señalan las representantes de UGT, que insisten en que su reivindicación “no responde a intereses particulares, sino a la defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales reconocidos a todos los trabajadores”.
La organización concluye su comunicado reclamando un cambio de actitud por parte del equipo de Gobierno y reafirmando su voluntad de continuar denunciando públicamente cualquier forma de discriminación sindical. “No pedimos privilegios —afirman—, pedimos igualdad, legalidad y respeto. No vamos a permanecer en silencio ante un Ayuntamiento que pretende dividir y acallar las voces de quienes representamos a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio”.
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