José Luis Bueno, portavoz de IU El Puerto.
Izquierda Unida El Puerto ha presentado esta mañana ante la Fiscalía un extenso escrito en el que se recogen las presuntas irregularidades cometidas en el terreno municipal situado en la calle Francisco Cossi Ochoa, junto al histórico Molino de Mareas. En dicho espacio, calificado como zona verde de especial protección del litoral y de titularidad del Ayuntamiento, se habría levantado una nave industrial de nueva planta, sin contar con licencia de obras, ni procedimiento administrativo reglado, ni autorización para ocupar un bien público.
La coalición ha recordado que “llevamos meses reclamando información, pidiendo expedientes y alertando de lo que presuntamente estaba ocurriendo en esta parcela pública. Nos hemos dirigido a todas las áreas con responsabilidad en la materia: Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio e incluso al propio alcalde. Y lo único que hemos encontrado ha sido silencio, excusas y que cada concejalía se tirase piedras sobre su propio tejado para no asumir responsabilidades”.
Desde la formación se señala que esta falta de respuesta, unida a los hechos constatados, ha obligado a dar un paso más: “hemos llevado el asunto a la Fiscalía para que se investigue y corrobore nuestro planteamiento. Desde IU cumplimos con nuestro deber y nuestra tarea de fiscalización y con la defensa del patrimonio de los portuenses. Ahora corresponde a la justicia esclarecer si estamos ante presuntos delitos urbanísticos, de usurpación de bien público o incluso de prevaricación administrativa”.
Izquierda Unida alerta de que, en lugar de velar por el cumplimiento del PGOU —que establece claramente el carácter protegido de la zona y la obligación de mantenerla como espacio libre—, el gobierno local habría permitido que una entidad privada levantara una construcción, con fines presuntamente lucrativos, sobre un terreno que debería destinarse exclusivamente a zona verde. Para IU, este proceder muestra una actitud de “presunta connivencia y dejación de funciones” por parte de quienes deberían haber defendido el interés general.
Según la formación, “este caso refleja a la perfección la forma de gobernar del alcalde Germán Beardo y su equipo: se protege el interés de unos pocos a costa del patrimonio de toda la ciudadanía, se intentan disfrazar las presuntas irregularidades con informes extemporáneos y se utiliza dinero público de la Diputación para justificar lo injustificable. Mientras tanto, los portuenses pierden un espacio que debía ser verde y protegido, y el Ayuntamiento mira hacia otro lado”.
Desde IU insisten en que seguirán trabajando para que se respete la legalidad y se devuelva a la ciudadanía lo que es suyo. “Nuestro compromiso es claro: no vamos a permitir que el patrimonio público sea tratado como un cortijo privado. Hemos hecho nuestro trabajo con responsabilidad, y gracias a esa labor hoy este caso está en manos de la Fiscalía”.
Será ahora la justicia la que determine si existen responsabilidades penales o administrativas en este caso.
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