Hasta 4.000 euros por introducir móviles en prisión.
Los arrestados han quedado en libertad con cargos y se enfrentan a delitos de cohecho, blanqueo y pertenencia a grupo criminal
Un médico y dos funcionarios de la cárcel de Puerto II han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de introducir teléfonos móviles, alcohol y anabolizantes en el centro penitenciario. La operación, bautizada como Cita, llevaba meses en marcha tras las sospechas de que en la prisión se estaba consolidando un mercado negro que alteraba la seguridad interior.
Según fuentes policiales, los implicados se aprovechaban de su condición de empleados públicos para introducir los artículos sin pasar los controles de seguridad. Una vez dentro, era un preso de confianza, ubicado en el módulo de enfermería, quien se encargaba de distribuirlos entre los internos.
Pagos de hasta 4.000 euros
La investigación apunta a que los familiares de los reclusos abonaban entre 2.000 y 4.000 euros por cada lote de productos. La mujer del preso considerado cabecilla actuaba como intermediaria: organizaba las entregas, pactaba las ‘citas’ y realizaba los pagos a los funcionarios implicados.
Los arrestados pasaron a disposición judicial el miércoles y han quedado en libertad con cargos, bajo medidas cautelares. La causa judicial les imputa presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. No se descartan nuevas detenciones.
El negocio de los teléfonos en prisión
Los móviles se han convertido en un bien codiciado dentro de las cárceles españolas, generando un lucrativo mercado negro. Entre 2020 y 2024 se requisaron 272 terminales en las prisiones de El Puerto de Santa María: 183 en Puerto III, 80 en Puerto II y nueve en Puerto I.
El año pasado, solo en los centros penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, se decomisaron 2.884 dispositivos. De ellos, 72 fueron incautados en las cárceles portuenses: 39 en Puerto II, 31 en Puerto III y dos en Puerto I.
En otros centros, como Botafuegos (Algeciras), la Policía ha detectado intentos de introducir teléfonos mediante drones, que lanzaban los aparatos directamente hacia las celdas.
Operación en marcha
La investigación continúa abierta y las fuentes consultadas no descartan que aparezcan más funcionarios implicados. La trama, sostienen los investigadores, no solo comprometía la seguridad del centro penitenciario, sino que suponía una grave quiebra de confianza en el sistema de vigilancia y custodia de Puerto II.
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