Más de 30 colectivos se alzan para recuperar la voz de El Puerto.
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María lleva más de seis años sin convocar el Consejo Social de Ciudad, un órgano consultivo esencial para garantizar la participación ciudadana, cuyo funcionamiento está regulado por diversas normativas municipales, autonómicas y estatales. Esta omisión supone un incumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana del propio Ayuntamiento, de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local —que obliga a su constitución en municipios considerados de gran población—, así como de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y del Estatuto de Autonomía andaluz, que reconocen la participación como un principio rector de la vida pública. También contraviene el artículo 9.2 de la Constitución Española, que insta a los poderes públicos a facilitar la participación ciudadana en los asuntos colectivos.
Ante esta situación, la Plataforma El Puerto para Vivir exigió formalmente a principios de año la convocatoria del Consejo Social, marcando un plazo para su cumplimiento y advirtiendo de que, en caso de no celebrarse, se organizaría por vías ciudadanas. La única respuesta del Ayuntamiento fue atribuir la demora a su adaptación al modelo de Gran Ciudad, a pesar de que dicha transición se produjo hace más de un año y no justifica los cinco años previos de parálisis institucional.
“La convocatoria del Consejo Social fue uno de los mandatos surgidos de nuestra asamblea ciudadana de noviembre, un espacio que ya evidenció el deseo de la ciudadanía de participar e incidir en las decisiones que afectan al futuro de El Puerto”, señalan desde la Plataforma.
Así, en respuesta al vacío institucional, se organizó el pasado fin de semana un Consejo Social ciudadano que congregó a más de 30 asociaciones vecinales, culturales, medioambientales y sociales. El encuentro permitió debatir de forma abierta y plural sobre los principales retos que enfrenta la ciudad: desigualdades territoriales, carencias en planificación urbana, movilidad sostenible, crisis de la vivienda, deterioro del espacio público y déficit de transparencia institucional.
Las entidades participantes agradecieron la oportunidad de compartir diagnósticos y propuestas en un foro común, por primera vez en años, en un ejercicio ejemplar de democracia participativa impulsado desde la base. “El elevado nivel de participación y el rigor de los debates demuestran que la ciudadanía no solo quiere participar, sino que está preparada para hacerlo”, subraya la Plataforma.
Las conclusiones del encuentro serán recogidas en un informe que se trasladará tanto al Ayuntamiento como a los grupos de la oposición, y se difundirá públicamente. Asimismo, se prevé la creación de un calendario de sesiones abiertas del Consejo, coordinadas desde la sociedad civil para garantizar la continuidad del proceso.
“Un equipo de Gobierno que no promueve la participación ciudadana es un equipo que ha renunciado a su responsabilidad como servidor público. La participación no es una opción, es un derecho”, concluyen desde El Puerto para Vivir, que hace un llamamiento a la responsabilidad institucional para avanzar hacia una ciudad más justa, habitable y cohesionada.
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