PSOE, VOX, UP e IU piden que los condenados devuelvan los gastos de defensa del Ayuntamiento.
Los grupos de la oposición han elevado al Pleno del viernes una moción conjunta instando al Gobierno local a modificar el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal del Ayuntamiento de El Puerto (ROGAM). La propuesta consiste en incorporar una cláusula expresa que establezca lo siguiente: “Los gastos de defensa jurídica asumidos por el Ayuntamiento a favor de un concejal o cargo público, derivados de procedimientos judiciales relacionados con su actuación pública, deberán ser reintegrados en su totalidad a la Hacienda Municipal en caso de que dicho cargo público resulte condenado por resolución judicial firme”.
Asimismo, en los casos en que esta devolución no se realice de manera voluntaria, se propone que dicha cláusula incluya la posibilidad de que el Ayuntamiento proceda a exigir judicialmente el reintegro de esas cantidades por la vía legal correspondiente.
Esta iniciativa, respaldada por los 4 grupos de la oposición, busca dar respuesta a la indignación ciudadana tras conocerse que el concejal popular, Jesús Garay, actualmente imputado en dos causas, ha solicitado por registro oficial la “designación de abogado y procurador externos para la defensa en procedimiento indicado”. Los portavoces de los grupos opositores consideran esta solicitud “absolutamente inmoral”, pues se trata de un concejal que cobra la friolera de 63.000 € del Ayuntamiento, y cuya gestión deja mucho que desear. Más allá de las dos causas en las que está imputado (Puerto III y la del trenecito a Puerto Sherry), poco se le conoce por su labor municipal.
Desde PSOE, VOX, UP e IU señalan que “no podemos permitir que los vecinos y vecinas de El Puerto paguen las consecuencias de actuaciones personales de cargos públicos, como en este caso. Lejos de defender a la ciudad, este concejal podría haber actuado en su perjuicio”. Añaden además que “para proteger los recursos municipales y garantizar la responsabilidad personal de los cargos públicos, hacemos esta propuesta para que quien cause daño al erario público, directa o indirectamente, responda por ello y no se beneficie de los recursos de todos para defenderse de actos que puedan ser delictivos”.
En cuanto al caso concreto del concejal popular Jesús Garay, los portavoces destacan que, paralelamente a su petición de abogado y procurador externos, se ha conocido a través de la plataforma de Contratación del Sector Público que el Ayuntamiento ha contratado a un abogado externo por 7.200 € para la representación y defensa de los intereses municipales. Este contrato tiene una duración de seis meses, ampliable por otro periodo de seis meses, para los procedimientos judiciales tramitados en cualquier orden jurisdiccional e instancia en los que el Ayuntamiento esté involucrado o pueda estarlo en ese periodo.
Curiosamente, en este expediente se ha contratado al abogado privado que está defendiendo a Jesús Garay, según ha confirmado públicamente el propio bufete de abogados Yrigoyen. Aunque se trata de dos actos independientes, esta coincidencia ha generado controversia.
Toda esta situación, “cuya legalidad no cuestionamos, denota la inmoralidad y la falta de escrúpulos de este gobierno”, concluyen los portavoces. “Cuando imputan a uno de sus concejales, el alcalde Germán Beardo lo premia dándole más poder, subiéndole el sueldo y, ahora, pagándole el abogado con el dinero de todos los portuenses”.
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