Hay contradicciones en la derecha española que son pa’ mear y no echar gota. Se les llena la boca con la patria, la tradición y las esencias nacionales, pero en cuanto rascas el envoltorio, sufren una amnesia fecal autoinflingida con la parte más incómoda de su propia historia. Hablo de esa vieja costumbre de nuestras élites económicas: exigir que papá Estado intervenga cada vez que a ellos les hace falta salvar el bolsillo.
Y como para entender el presente hay que mirar atrás, hagamos memoria. En el siglo XIX, mientras el capital privado en Gran Bretaña arriesgaba sus billetes para levantar minas, fábricas, ciudades y ferrocarriles, en España el cuento fue radicalmente distinto. Aquí el tren no nació de la valentía de ningún gran capitalista; nació de la financiación pública y de un sistema de mamandurrias y concesiones donde el Estado ponía la cama y el dinero. La pregunta del millón no es solo quién pagaba la fiesta, sino a costa de quién se construía el negocio y quién se comía los marrones si la cosa salía mal.
Ahí está la gran paradoja que hoy sigue coleando: los mismos que van de guardianes del libre mercado y de la iniciativa privada no tienen el más mínimo pudor en trincar los billetes de todos para que cuatro listos hagan negocio. Me viene a la cabeza la maravillosa mente privilegiada del liberalismo actual, D. Albert Rivera.
Y de aquellos lodos, estos barros. El problema no es que lo público y lo privado colaboren; el problema es que lo público asume las pérdidas, los riesgos y el mantenimiento de las infraestructuras mientras los beneficios terminan, por el artículo 33, privatizados en los bolsillos de siempre.
Ahí tenéis mi definición del PP: lo público, pa’ mí.
Esta lógica la sufrimos hoy a pie de calle. En Andalucía nos quieren colar el desmantelamiento de la sanidad pública a base de derivaciones a clínicas privadas, contratos menores a dedo y externalizaciones bajo sospecha que ya están en el radar de la Cámara de Cuentas. Y esto no se debate con eslóganes de campaña ni golpes de pecho, se debate con las auditorías y los contratos encima de la mesa.
O miremos a los puertos, que en Cádiz sabemos bien de qué va el rollito.
Llevamos años viendo cómo se transforma el muelle. El debate no es si queremos poner cuatro terrazas, hoteles flotantes o cruceros para los turistas. La pregunta es qué actividad económica real queremos conservar vinculada al mar. Porque Cádiz no es un secarral al que de pronto le han puesto agua delante. Nuestra identidad es comercial, pesquera y portuaria. Identidad con letras e historia marcada en la Carta Puebla. Ahora, mirar al río es cruzarlo.
No entienden que mirar al mar tampoco es plantar un chiringuito pijo tapando las vistas. El puerto no puede ser un decorado de cartón piedra para que unos cuantos operadores privados hagan el agosto a costa de cargarse el tejido estratégico de Cádiz o de El Puerto de Santa María.
Es el colmo del cinismo: defienden las raíces históricas pero privatizan los espacios que durante generaciones nos dieron de comer. Eso también pasa con servicios tan básicos como el cobro de la lonja. Si dejas la gestión del muelle pesquero en manos de una empresa externa y de Madrid, estás ahogando la liquidez de los mayoristas y de los marineros que se parten la cara diariamente en la mar y de nuestro pueblo y tejido empresarial, amén de un CIF que cotiza en el reino bajuno de Ayuso.
Ya está bien de la milonga de que lo privado es el cielo y lo público es el demonio. Ese discurso solo sirve para que los de arriba socialicen las pérdidas y se queden con las ganancias sin dar explicaciones a la gente de a pie. Lo vemos en la sanidad, en los contratos públicos, en el suelo urbano y en los puertos.
Por eso, cuando escucho que los impuestos son un "atraco", pregunto: ¿entonces quién paga los hospitales?, ¿quién asume el riesgo de las obras que luego aprovechan las empresas?, ¿por qué el dinero de todos tiene que financiar los beneficios de unos pocos?
Es patético ver y oír continuamente la hipocresía de los que quieren un Estado diminuto para los derechos sociales, pero un Estado gigante y generoso cuando necesitan subvenciones, rescates y concesiones a medida. Quieren convencer a las clases populares de que el enemigo es Hacienda mientras nos roban la cartera por la espalda, como pasó en Sevilla con la pijifiesta de "escaparate". Quieren menos impuestos para que no se cubran servicios sociales, y no se preguntan para quién coño trabaja el Estado, la junta o el ayuntamiento de turno cuando gasta nuestro dinero.
La respuesta, desgraciadamente, sigue siendo la misma: PP: lo público, pa’ mí.
Te puede interesar
Lo más visto
