
Un vecino con movilidad reducida denuncia que, en dos ocasiones recientes, no pudo regresar a su domicilio por la ausencia de vehículos disponibles


La accesibilidad continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en El Puerto. Para las personas con movilidad reducida, desplazarse por la ciudad o acceder a servicios básicos sigue siendo, en demasiadas ocasiones, una carrera de obstáculos. Aceras impracticables, infraestructuras insuficientemente adaptadas y una oferta limitada de transporte accesible dibujan un escenario que dista de garantizar una igualdad real.
Las quejas no son nuevas, pero se repiten con mayor frecuencia en los últimos meses. A juicio de quienes las protagonizan, la ciudad no ha logrado articular una respuesta estructural que asegure una accesibilidad efectiva más allá del cumplimiento formal de la normativa.
Es el caso de Antonio —nombre ficticio—, vecino de la ciudad, a quien hace un año le diagnosticaron un cáncer en la cadera. La enfermedad le obliga a desplazarse en una silla adaptada de mayores dimensiones, circunstancia que condiciona notablemente su autonomía y limita sus desplazamientos. A las dificultades derivadas del entorno urbano suma ahora los problemas para acceder al servicio de taxi adaptado.
El pasado 5 de enero, tras asistir a la Cabalgata de Reyes en la Plaza de España, solicitó un vehículo adaptado para regresar a su domicilio, en la zona de Pinar Alto. Según su testimonio, desde la central le comunicaron que ninguno de los dos taxis adaptados disponibles en la ciudad estaba operativo. Sin alternativa y con una silla más voluminosa de lo habitual, tuvo que volver “como pudo”, en un trayecto que describe como especialmente complicado.
Con esa experiencia reciente, este lunes decidió anticiparse. Antes de acudir al cine en el centro comercial Bahía Mar junto a su esposa e hijo, llamó a la central para asegurarse de que, al término de la película, podría disponer de un taxi adaptado. Eran las 20.00 horas y, según relata, la respuesta fue afirmativa. Sin embargo, al finalizar la sesión y volver a contactar, recibió de nuevo la misma contestación: no había vehículos disponibles.
La situación se prolongó hasta las 23.30 horas. Sin transporte y sin una alternativa viable para regresar a casa con comodidad y seguridad, el escenario se tornó más delicado. Según explica, su hijo, que atraviesa un cuadro depresivo, sufrió una crisis nerviosa ante la incertidumbre de cómo volver al domicilio familiar. Antonio optó por llamar a la Policía Local en busca de orientación. Los agentes, siempre según su versión, le indicaron que el servicio de taxi no depende directamente del ámbito municipal, aunque se interesaron por lo ocurrido. Finalmente, la familia regresó a pie, pese a la considerable distancia entre el centro comercial y su vivienda.
“Una ciudad de 90.000 habitantes no puede depender de solo dos vehículos adaptados, y además sin garantía de que estén operativos”, sostiene. A su juicio, la escasez de recursos convierte en excepcional lo que debería ser un derecho garantizado: la movilidad en igualdad de condiciones.
El caso vuelve a situar el foco en la disponibilidad real de servicios adaptados en El Puerto y en la necesidad de adoptar medidas eficaces que trasciendan los compromisos formales. Las reiteradas denuncias evidencian una brecha persistente entre el marco normativo de la accesibilidad universal y su aplicación efectiva en el ámbito local. Mientras tanto, para quienes dependen de estos recursos, cada desplazamiento continúa siendo una incógnita.









Los chiringuitos de Puerto Sherry: las claves que decidirán su futuro




















