Archivada la querella contra David de la Encina por los parkings

El auto subraya la ausencia de indicios delictivos y destaca que las demoras en las licencias fueron imputables a trámites técnicos municipales, no a decisiones políticas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de El Puerto de Santa María ha decretado el archivo de la causa abierta contra el exalcalde de la ciudad, David de la Encina, y varios miembros del consejo de administración de la sociedad mixta Impulsa Aparca S.L., en el marco de las Diligencias Previas 486/2022, por supuestos delitos de estafa, malversación y apropiación indebida, en relación con la fallida ejecución de los aparcamientos subterráneos de Pozos Dulces y la Plaza de Toros.

La querella fue presentada en agosto de 2022 por la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A.U. (Gyocivil), adjudicataria de las obras, al considerar que había sido víctima de un fraude contractual y un uso indebido de fondos públicos procedentes del programa europeo JESSICA, a través de la sociedad GED Jessica Andalucía SICC S.A.

Según la versión de Gyocivil, los responsables del proyecto —entre ellos, De la Encina, en su condición de presidente del consejo de administración de Impulsa Aparca durante su etapa como alcalde— habrían paralizado de forma maliciosa la ejecución de los trabajos, frustrando el desarrollo del proyecto y generando un importante perjuicio económico a la constructora.

El auto judicial, fechado el 14 de mayo de 2025 y firmado por el magistrado Juan Manuel González Martínez y del que ha tenido acceso este medio, concluye sin embargo que “no resultan debidamente justificados los hechos denunciados”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

Ausencia de indicios penales
En su resolución, el juez detalla que, si bien es cierto que se produjeron retrasos significativos en la tramitación de licencias y en el desarrollo del proyecto, no existe prueba de que tales demoras se debieran a conductas dolosas ni delictivas. Por el contrario, señala que las dificultades surgieron como consecuencia de los informes y devoluciones realizados por los técnicos municipales del Ayuntamiento de El Puerto, que detectaron carencias y defectos en la documentación presentada.

El magistrado incide en que no puede atribuirse responsabilidad penal a los entonces integrantes del consejo de administración de Impulsa Aparca —entre los que, además de De la Encina, figuraban Silvia Mónica Valera, Francisco Manuel Lara, Javier Zabala, Víctor Macías y representantes legales de las sociedades implicadas— por decisiones que se enmarcan dentro de la gestión administrativa y técnica de un contrato complejo, sujeto a múltiples vicisitudes desde su inicio en 2013.

De hecho, el propio auto subraya que ya antes del cambio de Gobierno municipal en 2015 —cuando De la Encina accedió a la Alcaldía— el proyecto arrastraba serios retrasos, hasta el punto de que se firmaron cuatro adendas al contrato original en apenas año y medio. La ejecución de las obras no comenzó hasta mayo de 2017 y, para entonces, ya se había perdido la financiación europea para el aparcamiento de la Plaza de Toros.

Contexto del proyecto
La sociedad Impulsa Aparca S.L. fue constituida en septiembre de 2013 como sociedad mixta participada al 50% por la sociedad municipal Impulsa El Puerto y el fondo GED Jessica Andalucía, con el fin de acometer la construcción de dos parkings subterráneos en Pozos Dulces y la Plaza de Toros. El 23 de diciembre de ese mismo año se firmó con Gyocivil un contrato de “diseño, construcción llave en mano y financiación” del proyecto.

GED Jessica aportaba una financiación de 15 millones de euros, con un crédito participativo y una aportación inicial a la sociedad, mientras que Gyocivil complementaba el proyecto con un crédito de 2,93 millones. Por su parte, Impulsa Aparca anticipaba a la constructora un 10% del coste, a amortizar durante la ejecución.

Sin embargo, según la querellante, tras el cambio de Gobierno municipal en 2015 y la llegada de David de la Encina a la Alcaldía, el Ayuntamiento habría frenado deliberadamente el desarrollo del proyecto, obstaculizando las licencias e impidiendo la ejecución del aparcamiento de la Plaza de Toros. Esta versión es desmentida de forma contundente por el juez instructor.

El papel de David de la Encina
La resolución judicial es especialmente significativa para el exalcalde David de la Encina, ya que la querella lo situaba como uno de los principales responsables del supuesto entramado delictivo. El juez, sin embargo, descarta tajantemente su implicación penal, señalando que su papel como presidente del consejo de administración de la sociedad no se tradujo en ninguna conducta ilícita.

Asimismo, recuerda que no hay constancia de que De la Encina o los demás querellados se beneficiaran económicamente de forma personal y que la mala evolución del proyecto responde a problemas estructurales, administrativos y financieros, no a una voluntad deliberada de perjudicar a Gyocivil ni de desviar fondos públicos.

El archivo de la causa supone, por tanto, una clara exoneración judicial para el exregidor socialista, que había sido señalado desde ciertos sectores políticos como responsable de una presunta “ruina económica” del proyecto. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma o apelación.

Un proyecto fallido desde el origen
En sus fundamentos, el magistrado apunta también que la gestión del proyecto de los aparcamientos fue deficiente desde su origen, y que ya desde la firma del contrato en 2013 —bajo el anterior equipo de Gobierno— comenzaron las complicaciones técnicas y administrativas. La pérdida del fondo JESSICA para el segundo aparcamiento, las continuas adendas contractuales y la falta de ingresos estables en Impulsa Aparca llevaron finalmente a la reducción del proyecto a un solo parking, el de Pozos Dulces.

Gyocivil sostiene que fue engañada al firmar las últimas adendas, cuando —según afirma— los responsables de Impulsa Aparca ya sabían que no podría obtenerse financiación externa. El juez considera que esta interpretación no puede sostenerse jurídicamente en el ámbito penal, al no haber pruebas de una conducta fraudulenta intencionada.

El archivo: un punto final provisional
La decisión judicial de archivar las diligencias representa un giro en un caso que durante más de dos años ha planeado sobre la escena política y urbanística de El Puerto de Santa María. Si bien la promotora Gyocivil puede interponer recurso contra el auto, lo cierto es que la investigación judicial ha agotado todas las diligencias posibles y no ha hallado indicios suficientes para sentar a los querellados en el banquillo.

Con ello, David de la Encina y los demás imputados quedan desincriminados tras un procedimiento que, según el juzgado, carece del sustento penal necesario para continuar. El proyecto de los parkings subterráneos, por tanto, seguirá siendo objeto de debate político, pero ya no de procedimiento judicial penal.