Más del 70% de los alquileres en Cádiz son de temporada

Con la llegada del verano, se dispara en la provincia de Cádiz el fenómeno de los llamados “desahucios invisibles”. Así lo denuncian colectivos de vivienda como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, la Federación Linense de Asociaciones de Vecinas y El Puerto para Vivir, que firman una nota remitida desde la Coordinadora Provincial por el Derecho a la Vivienda. El documento alerta de la expulsión forzosa de centenares de personas de sus hogares ante el avance de los alquileres de temporada, una modalidad que, según advierten, está dejando sin protección ni alternativas habitacionales a quienes desean vivir de forma estable en sus municipios.

A diferencia de los desahucios convencionales, estos no se producen por orden judicial ni tras una demanda del arrendador, sino que se generan cuando el casero decide no renovar el contrato para destinar la vivienda al alquiler temporal, más rentable en los meses de verano. Las personas afectadas, muchas de ellas familias trabajadoras, se ven forzadas a abandonar sus casas pese a su voluntad de permanecer en ellas.

Datos recientes publicados por medios de ámbito nacional confirman la magnitud del problema. En ciudades como Cádiz capital, más del 70% de los alquileres ofertados en plataformas digitales son ya de temporada, una cifra que se incrementa aún más en municipios como Chiclana o Tarifa. Solo en Cádiz, se calcula que cada año se publican cerca de 2.000 anuncios de este tipo de contratos, lo que eleva el volumen total en la provincia por encima de las 4.000 viviendas.

Desde los colectivos firmantes se advierte de que este fenómeno está directamente relacionado con un vacío legal en la actual ley estatal de vivienda, que no ha abordado la regulación específica del alquiler de temporada. A ello se suma la elevada rentabilidad que ofrecen estos contratos, con precios superiores al alquiler residencial y una elevada demanda turística durante los meses de julio y agosto. “Los beneficios económicos hacen que los propietarios opten por este modelo, expulsando así a quienes necesitan una vivienda durante todo el año”, sostienen.

Al no estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, estos contratos dejan a las personas inquilinas sin apenas derechos reconocidos, lo que, según las organizaciones, constituye un fraude de ley. “En la mayoría de los casos no se trata de turistas ni de personas en tránsito, sino de residentes habituales que buscan un hogar, no una estancia puntual”, señalan.

En septiembre de 2024, los sindicatos de inquilinos presentaron una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para regular el alquiler de temporada, pero esta fue rechazada. Desde entonces, la situación se ha agravado. “Es un modelo que erosiona gravemente el tejido social de nuestros barrios, y empuja a la población trabajadora a la periferia o directamente al desarraigo”, denuncian.

Además del impacto directo sobre las familias, los colectivos alertan del efecto que este modelo tiene sobre el equilibrio urbano y turístico. El alquiler de temporada, señalan, permite multiplicar la capacidad de alojamiento para visitantes, lo que incrementa la presión turística y pone en riesgo la sostenibilidad de muchos municipios. “Se impide que miles de personas puedan vivir en los pueblos donde trabajan durante el verano. Esto no es solo una crisis de vivienda, sino también una crisis de modelo económico”, advierten.

La mercantilización de la vivienda y el auge del turismo masivo, apuntan, está expulsando a la población local y precarizando el empleo. “Nos empujan a trabajos mal pagados en el sector turístico y, con esos salarios, ni siquiera podemos pagar un alquiler. La ecuación es insostenible”, expresan desde El Puerto para Vivir.

Ante esta situación, los colectivos han puesto en marcha una campaña en redes sociales para visibilizar una problemática que consideran silenciada. Además, anuncian acciones simbólicas ante las administraciones locales: el lunes 30 de junio en el Ayuntamiento de Cádiz y el viernes 19 de julio en El Puerto de Santa María.

“La única respuesta posible es la organización colectiva y la resistencia vecinal. Quienes sufren estos desahucios invisibles deben saber que no están solas”, concluyen desde la Coordinadora Provincial por el Derecho a la Vivienda.