Jesús Garay, citado como investigado tras la investigación de la UDEF

 Un año después, la causa sigue abierta con nuevas citaciones por una trama de corrupción y adjudicaciones ilegales

El Juzgado número 2 de El Puerto ha notificado nuevas citaciones tras las diligencias previas de la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investiga una presunta trama de adjudicaciones ilegales en la ciudad. Entre los detenidos en la operación figuran el exjefe provisional de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, quien ya se encuentra jubilado, y el técnico municipal del área de Infraestructuras, José Manuel Camacho.

En la investigación se señala que una de las personas implicadas habría sido perjudicada por la presunta adjudicación ilegal de aparcamientos en la Feria del recinto de Las Banderas. Además, figura como investigado un individuo vinculado a las asociaciones que se beneficiaron de dichas adjudicaciones. También han prestado declaración varios testigos, entre ellos un agente de la Policía Local.

Ya en abril de 2024, declararon la exedil de Policía Local, Marina Peris; un inspector de la Policía Local de El Puerto; y la concejal de Bienestar Social, Carmen Lara.

El Juzgado decidió abrir piezas separadas para investigar cada uno de los hechos. Las piezas incluyen una primera sobre intervenciones telefónicas, otra sobre la incautación de ordenadores y móviles de los dos principales investigados, una tercera sobre el cobro de comisiones por la adjudicación de dichos aparcamientos, una cuarta sobre la adjudicación del trenecito a Puerto Sherry, la quinta sobre la retirada de multas y una sexta relacionada con el uso presuntamente irregular de la grúa municipal.

Jesús Garay, investigado en la macro causa de corrupción de Puerto III

Nueva causa para Jesús Garay, concejal de Seguridad

Uno de los puntos clave que el Juzgado intenta esclarecer es el papel jugado por el concejal de Seguridad, Jesús Garay, quien está citado en calidad de investigado para el 7 de marzo.

A esta citación de Garay se suma la investigación sobre la trama de corrupción en la cárcel de Puerto III, en la que algunos funcionarios presuntamente intercambiaban permisos de los presos a cambio de dinero.

Jesús Garay aparece como investigado en esa causa debido a que un ciudadano, familiar de un interno, le pidió que averiguara sobre la situación de un sobrino, desconocido para el concejal, al observar que otros internos con causas similares y menos antigüedad obtenían permisos que a él le eran negados.

Garay aseguró que, en la conversación, que se realizó a través de un audio de WhatsApp, no hubo ninguna solicitud de favores ni, mucho menos, intercambio de dinero, ni siquiera se mencionó ese tema.

Según ha podido conocer este medio, además, el Juzgado ha requerido al Ayuntamiento que aporte el organigrama actualizado de la Delegación de Seguridad, Tráfico y Policía Local, así como una relación detallada de las competencias de cada uno de sus miembros.

Se ha solicitado también al Consistorio que remita el contrato firmado el 24 de febrero de 2022  adjudicatario del servicio de inmovilización y retirada de vehículos, así como del traslado y retirada de señales reglamentarias y balizamiento de eventos.

Por otro lado, se ha pedido a la Policía Local que aporte los cinco vídeos relacionados con el atestado sobre la conducción temeraria del trenecito, enviados previamente a la dirección de correo [email protected].

Pasan a disposición judicial el ex jefe de la Policía Local de El Puerto y el técnico municipal

Un año de las detenciones: Muñoz Leonisio y Camacho

La investigación, que cuenta con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, culminó en la detención el 16 de enero de 2024 de Rafael Muñoz Leonisio, exjefe de la Policía Local, y José Manuel Camacho, técnico de Infraestructuras. Muñoz Leonisio está acusado de presuntos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias. Camacho, por su parte, está siendo investigado como cooperador necesario en los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.