La Policía Local de El Puerto de Santa María ha intervenido durante este pasado fin de semana más de 650 prendas y artículos destinados a su comercialización ilegal en la vía pública, en una actuación desarrollada en la zona de Valdelagrana.
La intervención se enmarca en los dispositivos de vigilancia que el Ayuntamiento mantiene durante la temporada de verano para combatir la venta ambulante no autorizada, especialmente en los puntos con mayor concentración de vecinos y visitantes. Según el Consistorio, estos operativos han permitido retirar ya miles de artículos del espacio público.
Durante el dispositivo, los agentes detectaron una cantidad significativa de mercancía destinada a la venta sin la correspondiente autorización administrativa. Los productos fueron intervenidos por la Policía Local conforme al procedimiento establecido.
El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha destacado que la Policía Local mantiene una vigilancia constante durante el verano para evitar que la venta ambulante no autorizada se consolide en los espacios públicos.
«No se trata únicamente de retirar mercancía, sino de defender a los comerciantes y autónomos de El Puerto que cumplen con sus obligaciones, generan empleo y contribuyen a la actividad económica de la ciudad», ha señalado Garay, quien considera que la venta ilegal constituye una competencia desleal para el comercio establecido.
Valdelagrana es uno de los puntos donde se concentran estos dispositivos durante los meses de verano debido a la elevada afluencia de vecinos y visitantes. La Policía Local ha reforzado las patrullas y controles en el Paseo Marítimo y otros enclaves comerciales y turísticos del municipio.
Los operativos continuarán durante las próximas semanas. El Ayuntamiento recuerda que la venta ambulante solo puede desarrollarse en los espacios habilitados y con la correspondiente autorización administrativa.
Asimismo, el Consistorio pide a la ciudadanía que evite adquirir productos procedentes de la venta ambulante ilegal, al considerar que esta práctica perjudica al comercio local y favorece la economía sumergida. También advierte de que estos artículos pueden no contar con las garantías exigidas en materia de origen, calidad y seguridad.
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