Las auxiliares de Ayuda a Domicilio de El Puerto de Santa
María respaldan la lucha de las trabajadoras de Cádiz y
reclaman la municipalización del servicio
Las delegadas de UGT del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de El Puerto han expresado su respaldo a las trabajadoras de Cádiz capital, que mantienen movilizaciones en defensa de sus derechos laborales y de la mejora de las condiciones de un servicio que consideran esencial para la ciudadanía.
A través de un comunicado, las representantes sindicales aseguran que la situación que atraviesan las auxiliares gaditanas es similar a la que durante años han vivido las trabajadoras de El Puerto, marcada, según señalan, por la precariedad laboral derivada de la gestión privada de este servicio público.
En este sentido, las delegadas trasladan un mensaje al alcalde de Cádiz, Bruno García, al que instan a escuchar las demandas de las trabajadoras y a impulsar la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio. Recuerdan además que en El Puerto ya se han iniciado los trámites para que la gestión pase a ser pública, una reivindicación histórica del colectivo.
Desde UGT defienden que la gestión directa del servicio permitiría mejorar tanto las condiciones laborales de la plantilla como la atención prestada a las personas usuarias. A su juicio, la eliminación del ánimo de lucro en la gestión favorecería una mayor inversión de los recursos en la calidad asistencial y en la estabilidad del empleo.
Las representantes sindicales destacan igualmente la labor que desarrollan las auxiliares de ayuda a domicilio, encargadas de atender y acompañar a personas mayores, dependientes y vulnerables en sus propios hogares, contribuyendo a su bienestar y autonomía.
Asimismo, reclaman mejoras laborales para un colectivo que consideran históricamente infravalorado y reivindican estabilidad en el empleo, salarios dignos, reconocimiento profesional y condiciones de trabajo acordes con la importancia social de la actividad que desempeñan.
Por último, las delegadas recuerdan que distintos representantes políticos han defendido durante años la municipalización del servicio y sostienen que la gestión pública constituye la mejor garantía para proteger tanto los derechos de las trabajadoras como la calidad de la atención prestada a las personas dependientes.
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