Ayuntamiento impulsa colaboración público-privada en urbanismo.
El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha anunciado la entrada en vigor de una innovadora ordenanza municipal que transforma y agiliza los procedimientos urbanísticos en la ciudad. Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 21 de mayo, esta normativa permite a los Colegios Profesionales y Entidades Urbanísticas Certificadoras emitir Informes Técnicos de Cumplimiento Urbanístico (ITCU) con idéntica validez a los elaborados por los servicios técnicos municipales.
Este avance estratégico representa un salto cualitativo en la gestión urbanística local, consolidando a El Puerto como un referente en innovación administrativa y adaptación a las exigencias actuales. El alcalde Beardo subraya que esta medida “refuerza nuestro compromiso con una administración eficiente, moderna y accesible, que fomente un entorno favorable para la inversión y el desarrollo sostenible.”
Con esta ordenanza, promotores, empresas y ciudadanos podrán optar entre la vía tradicional para la solicitud de licencias urbanísticas o un procedimiento simplificado basado en el ITCU, que reduce la tramitación a una comprobación documental y un informe jurídico final para su aprobación.
La regulación tiene un alcance amplio, aplicándose a todos los proyectos sujetos a licencia municipal, salvo las actuaciones excepcionales en Suelo Rústico, lo que permite una gestión integral sin perder el rigor y la seguridad jurídica.
Este logro es posible gracias a la condición de Gran Ciudad de El Puerto y al marco jurídico establecido por el decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, que habilita a los ayuntamientos a implementar mecanismos de colaboración público-privada para optimizar sus servicios.
Con esta iniciativa, El Puerto se posiciona como el primer municipio en la provincia de Cádiz en adoptar esta fórmula avanzada de gestión urbanística, alineándose con el máximo nivel normativo permitido por la Ley de Simplificación de Andalucía. Se espera que esta medida contribuya a la reducción de plazos y obstáculos administrativos, impulsando así el desarrollo económico local.
“El objetivo es claro y firme: facilitar la actividad empresarial y la inversión sin comprometer el control ni la seguridad jurídica. Apostamos por un urbanismo responsable, eficiente y al servicio de nuestra comunidad,” ha destacado Beardo, quien también ha enfatizado la importancia de promover la colaboración público-privada como herramienta esencial para la modernización administrativa.
El nuevo modelo permitirá acortar los tiempos de respuesta y mejorar la atención tanto a ciudadanos como a inversores, incorporando a entidades externas acreditadas que emitirán informes técnicos integrados en el expediente municipal, garantizando agilidad y certeza jurídica.
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