VOX cifra en 2,5 millones el coste del autobús gratuito

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha mostrado su rechazo a la gratuidad universal del autobús urbano anunciada por el equipo de Gobierno y advierte de que la medida puede suponer un coste de 2,5 millones de euros anuales para las arcas municipales, además de poner en riesgo la calidad del servicio.
Según los informes técnicos de la actual sociedad adjudicataria, el Ayuntamiento dejaría de ingresar aproximadamente un millón de euros por la recaudación de billetes. A esta cantidad se sumarían otros 1,5 millones de euros derivados del previsible aumento de usuarios y de la necesidad de reforzar el servicio.

En conjunto, VOX cifra en 2,5 millones de euros anuales el impacto de la medida, unos 30 euros por vecino empadronado, utilice o no el transporte público, para residentes y no residentes, lo que incluye a los turistas que visiten la ciudad.

El portavoz municipal de VOX, José Antonio Gomila, advierte de que la gratuidad universal, aplicada sobre una red que ya presenta problemas de mantenimiento e inversión, puede terminar deteriorando todavía más el servicio.

“Introducir la gratuidad universal con una flota envejecida, averías continuas y falta de inversión solo puede provocar masificación y colapso. Prometer un servicio gratuito sin contar antes con los autobuses y conductores necesarios es vender humo a los portuenses”, asegura Gomila.

Del mismo modo, desde la formación se ha denunciado la falta de las garantías legales necesarias para llevar a cabo una modificación de este calibre en el modelo de gestión del servicio público. Por ello, VOX advierte de que el equipo de Gobierno está forzando los procedimientos administrativos y contractuales de la concesión actual, una temeridad jurídica que vulnera la normativa de estabilidad financiera y que puede acabar impugnada en los tribunales, con el consiguiente perjuicio económico futuro para el municipio.

Para VOX, además, la medida responde a un “claro oportunismo político” ante la proximidad de las próximas elecciones municipales.
El portavoz asegura que “no se puede utilizar un servicio público y el dinero de todos los portuenses como instrumento de propaganda electoral. Antes de anunciar medidas llamativas hay que garantizar que sean legales, sostenibles y que no deterioren el servicio”.

La formación también cuestiona el carácter universal de la gratuidad y defiende que las ayudas al transporte se concentren en quienes realmente las necesitan, especialmente jóvenes, estudiantes, mayores y familias con rentas bajas.

“No es justo que los impuestos de los portuenses paguen por igual el autobús a quien tiene una renta alta que a quien realmente necesita una ayuda. El dinero público debe gestionarse con criterios de eficiencia y justicia”.

Por todo ello, José Antonio Gomila reclama al Gobierno de Beardo que “reconsidere la implantación de la gratuidad universal, complete previamente todos los informes necesarios y centre sus esfuerzos en la adjudicación definitiva del nuevo contrato de transporte, con el objetivo de garantizar un servicio puntual, moderno, eficiente y dimensionado a las necesidades reales de El Puerto”, ha concluido.