- IU reclama responsabilidades políticas al Gobierno de El Puerto tras la suspensión judicial de 35 comisiones de servicio
- José Luis Bueno considera que la resolución judicial supone «un varapalo» para el alcalde, Germán Beardo, y el teniente de alcalde Javier Bello, y reclama explicaciones
Izquierda Unida reclama responsabilidades políticas al equipo de Gobierno de El Puerto tras la suspensión cautelar, por parte de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, de 35 comisiones de servicio en el Ayuntamiento.
El coordinador local de IU, José Luis Bueno, considera que la resolución judicial supone «un varapalo en toda regla para Beardo y Bello» y exige al Gobierno municipal que explique los criterios utilizados para la cobertura de estos puestos.
Según Bueno, las comisiones de servicio fueron convocadas durante el verano de 2025 sin que, a juicio de la formación, se establecieran unas bases y unos criterios suficientemente objetivos para determinar las designaciones. La actuación fue recurrida por CCOO y ha terminado en los tribunales.
IU sostiene que la suspensión afecta a 35 puestos de distintas áreas municipales, entre ellos jefaturas de servicio, adjuntías y jefaturas de sección vinculadas a departamentos como Medio Ambiente, Urbanismo, Tesorería, Igualdad, Bienestar Social y Contratación.
«Las comisiones de servicio son una figura legal destinada a cubrir temporalmente determinados puestos, pero deben aplicarse con criterios objetivos y respetando los principios de mérito y capacidad», señala Bueno.
La formación también cuestiona la cobertura de los puestos surgidos tras la declaración de El Puerto como municipio de Gran Población. Según IU, de alrededor de un centenar de puestos vacantes, menos de 40 fueron cubiertos mediante comisiones de servicio, mientras que el resto permanecen sin cubrir.
«No es solo que se hayan planteado dudas sobre el procedimiento; es que una parte importante de la estructura municipal continúa sin cubrir», sostiene el dirigente de IU.
Críticas a la respuesta del Gobierno
Bueno también cuestiona las declaraciones del teniente de alcalde Javier Bello, quien habría atribuido «mala intencionalidad» a la actuación de la sección sindical que recurrió el procedimiento.
Para IU, esta respuesta «desvía el debate» sobre el fondo de la cuestión. «Quienes tienen que dar explicaciones son quienes han llevado a cabo el procedimiento y quienes tienen la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento», afirma Bueno.
La suspensión cautelar está prevista para entrar en vigor el 1 de septiembre, circunstancia que, según IU, puede afectar a la organización interna y al funcionamiento de distintos servicios municipales.
La formación también expresa su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno municipal recurra a una atribución temporal de funciones para cubrir las responsabilidades afectadas por la suspensión. IU considera que cualquier solución deberá ajustarse a la resolución judicial y a la normativa aplicable.
IU reclama nuevos procedimientos
Izquierda Unida reclama al alcalde, Germán Beardo, que asuma la responsabilidad política derivada de la situación y que impulse nuevos procedimientos para la provisión de los puestos afectados.
«Exigimos que se convoquen procedimientos con criterios objetivos, públicos y transparentes», concluye Bueno, quien defiende que la organización de la plantilla municipal debe garantizar los principios de mérito, capacidad, publicidad y transparencia.
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