Adelante El Puerto ha expresado su preocupación tras conocerse la petición de la Fiscalía de llevar a juicio al ex jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, y al actual concejal de Seguridad, Jesús Garay. La formación considera que se trata de unos hechos de especial gravedad que, con independencia de su recorrido judicial, afectan a la imagen y credibilidad de una institución que debe estar siempre al servicio de la ciudadanía.
Desde Adelante El Puerto subrayan que las instituciones públicas deben preservarse de cualquier actuación que pueda comprometer su integridad o su función de servicio público. En este sentido, defienden una gestión basada en la transparencia, la legalidad y el interés general, alejada de cualquier práctica que pueda generar dudas sobre el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas.
La formación sostiene que este caso se suma a otras controversias surgidas durante el actual mandato municipal, citando cuestiones relacionadas con la gestión de licencias en el entorno de los chiringuitos de la playa, las reiteradas quejas por problemas de ruido en el centro urbano o diversos procedimientos de contratación y adjudicación que han sido objeto de críticas y cuestionamientos desde distintos ámbitos políticos y sociales. A juicio de Adelante El Puerto, la acumulación de estos episodios contribuye a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y en la administración local.
Ante esta situación, el grupo considera necesario que el alcalde, Germán Beardo, ofrezca explicaciones públicas sobre el alcance de los hechos y el conocimiento que pudo tener de los mismos, así como sobre las actuaciones adoptadas desde el Ayuntamiento. Asimismo, entiende que resulta imprescindible esclarecer las posibles responsabilidades políticas derivadas del caso.
Por ello, Adelante El Puerto reclama el cese inmediato del concejal de Seguridad, Jesús Garay, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales y se esclarecen los hechos. Del mismo modo, solicita la apertura de una investigación interna que permita determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de transparencia y control en la gestión municipal.
La formación concluye reiterando su compromiso con la defensa de unas instituciones públicas transparentes, ejemplares y al servicio de la ciudadanía, así como con la necesidad de fortalecer la confianza pública mediante una gestión basada en la ética y la responsabilidad política.
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