Más de 20.000 euros por pintar una fachada en el centro

VOX denuncia el “sablazo” de más de 20.000 euros por pintar y mantener una fachada en el centro de El Puerto

VOX El Puerto de Santa María denuncia el caso de un vecino al que el Ayuntamiento pretende cobrar más de 20.000 euros por instalar de forma temporal una plataforma elevadora para pintar una fachada en el centro de la ciudad.

VOX señala que el alcalde presume de “rebajar impuestos”, pero esa rebaja —afirman— no llega porque no se recortan gastos municipales en partidas que consideran prescindibles, como fiestas, publicidad o propaganda institucional. En cambio, sostienen, el coste termina trasladándose por otras vías, mediante tasas y liquidaciones que disparan el precio de arreglar un edificio.

La formación considera que este cobro, ligado a la ocupación de la vía pública para reformar una fachada, supone un castigo económico desproporcionado que choca con el discurso del equipo de gobierno sobre la mejora de la imagen del centro.

Desde VOX señalan que, desde el 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento aplica con rigor una ordenanza que —según denuncian— antes no se exigía con la misma dureza, convirtiendo una actuación básica de mantenimiento en un problema económico.

“Beardo vende rebajas fiscales y un centro rehabilitado, pero cuando un vecino intenta pintar una fachada se encuentra con un tasazo de más de 20.000 euros. Así no se cuida el centro: así se hunde”, señala el portavoz de VOX.

VOX advierte de que este tipo de liquidaciones desaniman a propietarios y comunidades que quieren mantener sus fincas en buen estado. “Si arreglar una fachada se penaliza con cifras imposibles, el mensaje es claro: mejor no tocar nada. Y eso significa más abandono, más edificios deteriorados y peor imagen para la ciudad”, añade.

La formación insiste en que el centro histórico necesita justo lo contrario: facilidades y sentido común para que los vecinos puedan rehabilitar sin miedo a un cobro que arruine cualquier presupuesto.

Por todo ello, VOX El Puerto exige al equipo de gobierno revisar estos cobros, aplicar criterios proporcionados y ofrecer una política real de impulso a la rehabilitación, con menos trabas y más apoyo a quienes mantienen el patrimonio urbano.