Los facultativos de la sanidad pública están llamados a secundar una huelga de ámbito nacional a lo largo de esta semana en demanda de un estatuto profesional propio y de mejoras laborales, en plena negociación del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario.
La convocatoria parte de organizaciones como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que discrepan del texto acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios del sector. El seguimiento del paro es una de las principales incógnitas, ya que en movilizaciones anteriores ha sido desigual según territorios y centros sanitarios.
Atención garantizada y posibles cancelaciones
Las administraciones autonómicas han fijado servicios mínimos para asegurar la asistencia urgente y la actividad considerada inaplazable. No obstante, la actividad ordinaria —consultas externas, pruebas diagnósticas o intervenciones programadas— podría verse afectada en función del grado de adhesión.
Al tratarse de un derecho individual, los profesionales no están obligados a comunicar previamente su participación en la huelga, lo que dificulta la reorganización de agendas y puede traducirse en anulaciones el mismo día de la cita.
En la última jornada de paro, celebrada el 14 de enero, los datos oficiales facilitados por las comunidades autónomas situaron el seguimiento en niveles moderados. En los territorios con mayor respaldo, la participación no superó el 20%, según las cifras comunicadas por las consejerías de Salud.
Discrepancias por el Estatuto Marco
El conflicto se produce tras la firma del acuerdo para el nuevo Estatuto Marco entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, rubricado el 28 de enero por la ministra de Sanidad, Mónica García.
Las organizaciones médicas convocantes no participaron en la mesa de negociación por no acreditar la representatividad exigida y mantienen su rechazo al texto. Entre sus principales reivindicaciones figuran la aprobación de un estatuto específico para médicos, la voluntariedad y mejor remuneración de las guardias, el cómputo de estas a efectos de jubilación, una clasificación profesional vinculada a formación y responsabilidad y una reducción efectiva de la jornada real.
Desde el Ministerio se ha reiterado que un régimen diferenciado y la voluntariedad de las guardias podrían comprometer la organización del sistema sanitario público. El nuevo marco normativo fija un máximo de 17 horas por guardia —frente a las 24 actuales— con posibilidad de reducción adicional según la organización del servicio.
Competencias autonómicas
Parte de las demandas, especialmente las retributivas, dependen de las comunidades autónomas, que ostentan las competencias de gestión sanitaria. La convocatoria estatal coincide, además, con paros específicos en comunidades como Madrid, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha, dirigidos a sus respectivos ejecutivos autonómicos.
El desarrollo de la semana de movilizaciones permitirá evaluar el impacto real sobre la asistencia y el alcance de la presión sindical en la fase final de tramitación del nuevo marco regulador.
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