

"El pago directo al arrendador evita incidencias y protege a las familias vulnerables"


El Grupo Municipal Unión Portuense defenderá en el próximo Pleno una moción para implantar en El Puerto de Santa María un modelo más eficiente y garantista en la gestión de las ayudas al alquiler, ante el notable incremento de familias que, en los últimos años, necesitan apoyo público para mantener su vivienda habitual.
El encarecimiento del alquiler ha provocado un aumento considerable de personas mayores, jóvenes, familias monoparentales y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que dependen de estas ayudas. Sin embargo, el sistema tradicional utilizado por la mayoría de ayuntamientos —en el que el beneficiario recibe el importe y debe justificar mensualmente su destino— ha demostrado ser lento, complejo y con un elevado volumen de incidencias, lo que retrasa la llegada del apoyo y dificulta su correcta aplicación.
Francisco Belaustegui subraya: “Los sistemas actuales generan demoras, trámites innecesarios y problemas administrativos que recaen justamente sobre quienes más apoyo necesitan. Debemos adaptar el modelo a la realidad social y mejorar la eficacia del gasto público”.
Unión Portuense recuerda que un número creciente de municipios andaluces ha implantado sistemas de pago directo al arrendador, siempre con autorización expresa del inquilino y con las garantías previstas en la Ley General de Subvenciones. Los resultados son claros: se agilizan los expedientes, se garantiza el destino de los fondos, se ofrecen mayores certezas a los propietarios, se evitan desahucios y se reduce la carga administrativa tanto para los Servicios Sociales como para las familias.
“Cuando la ayuda llega directamente al propietario se eliminan las dudas, se reduce la burocracia y se protege la vivienda de los beneficiarios. Es un modelo más humano y más eficiente”, puntualiza Belaustegui.
Por ello, Unión Portuense plantea que el Ayuntamiento adopte como modalidad prioritaria en las ayudas al alquiler el pago directo al arrendador, siempre con autorización del inquilino y conforme a las bases reguladoras de cada convocatoria. Asimismo, propone modificar dichas bases para incorporar un sistema automatizado de pagos periódicos, condicionado a la vigencia del contrato y del empadronamiento.
La moción también solicita que los Servicios Sociales municipales elaboren un protocolo de seguimiento y control que confirme periódicamente que la persona beneficiaria continúa residiendo en la vivienda, active la suspensión automática en caso de que el contrato finalice o sea modificado, y establezca un canal de comunicación con los propietarios para agilizar trámites y evitar incidencias administrativas.
Francisco Belaustegui concluye: “Nuestro objetivo es claro: garantizar que las ayudas lleguen de manera rápida, segura y transparente, reduciendo dificultades para las familias y aumentando la eficacia de los recursos públicos”.






























